Sábado, 30 de abril de 2011
Lo primero que debo decir es que Obama tuvo y tendrá una gran ventaja, por el solo hecho de ser el presidente que sucedió a George W. Bush. Pero su oferta electoral iba mucho más allá de no ser un violador sistemático y manifiesto de los derechos humanos. Como organización de Sud América identificamos varios puntos de preocupación en sus políticas de derechos humanos. Por supuesto, tenemos conciencia de las disputas partidarias y de las presiones de los grupos más conservadores de ambos partidos, pero aun así la responsabilidad del Poder Ejecutivo es central. Por desgracia el balance tiene pocos aspectos positivos y son sobre todo simbólicos. Obama se alejó de la retórica belicista de Bush y eso le bastó para obtener el premio Nobel de la paz. Pero la verdad es que en los hechos pisoteó las esperanzas que había suscitado en la comunidad de derechos humanos.
La prisión de la Bahía de Guantánamo es un impresionante ejemplo de sus promesas electorales incumplidas. Se esperaba que con el cierre de esa cárcel Estados Unidos cumpliera con los requisitos del sistema legal internacional, pero la falta de decisión contra las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos perpetúa el excepcionalismo del período Bush, que coloca a este país por encima del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual es de una enorme arrogancia.
En febrero de 2006 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el Relator Especial sobre la libertad religiosa y el presidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias informó a la Asamblea General que en Guantánamo se violaba el derecho a un juicio justo y se empleaban métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes. También concluyeron que las condiciones de detención, la alimentación forzosa de las personas en huelga de hambre, el tiempo indeterminado de detención y el extenso confinamiento solitario violaban el derecho a la salud y a ser tratado con dignidad. La semana pasada se confirmó que no menos de 150 personas inocentes estuvieron confinadas allí durante años, incluyendo choferes, agricultores, pastores y cocineros, por errores de identificación o por haber estado en mal momento en un lugar inconveniente.
Un par de miembros de la ONG Médicos por los Derechos Humanos pudieron leer las hojas clínicas de muchos presos en Guantánamo. Encontraron huesos rotos por palizas brutales, ataques sexuales, aplicación del submarino y simulacros de fusilamiento, métodos prohibidos por las convenciones internacionales y por normas éticas universales.
Creemos que la política de Obama debería incluir un apoyo activo a los procesos judiciales que se realizan en la región por los crímenes de las dictaduras. El gobierno de los Estados Unidos debería adoptar también mecanismos de responsabilidad para juzgar los más graves crímenes internacionales cometidos en la denominada guerra contra el terrorismo, que tiene perturbadoras analogías con las prácticas autoritarias de las dictaduras latinoamericanas del pasado.
Las detenciones sin juicio y la entrega de prisioneros a países en los que la tortura es común, para sacarlos de la jurisdicción estadounidense y privarlos de su sistema de protección de garantías, contradice el principio de no devolución establecido por la Convención contra la Tortura. Esta práctica frecuente es emblemática de una regresión peligrosa respecto de las normas de derechos humanos fijadas por la comunidad internacional cuando se conocieron los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
La relación de Estados Unidos con América Latina es dirigida por el Pentágono, que dispone de más presupuesto y personal que las secretarías del Tesoro, de Agricultura, de Comercio y de Estado juntas. Cada año, durante las audiencias legislativas, el jefe del Comando Sur explica esta relación en términos de seguridad nacional, un concepto tan vasto como impreciso que incluye casi cualquier cosa imaginable, incluso las opciones electorales de nuestros países, que suelen ser descalificados como populistas. La presencia estadounidense en la región sigue siendo demasiado militarizada. El gobierno de Obama no revirtió el alistamiento de la 4ª Flota Naval dispuesto en 2008. Por el contrario, avanzó más allá por este camino equivocado cuando impulsó a Colombia a confrontar con el resto de la región por la cesión de bases militares a los Estados Unidos. El Comando Sur planeaba usarlas como herramienta para controlar a otros países de Latinoamérica, que naturalmente se opusieron. Según fuentes ecuatorianas, la inteligencia estadounidense jugó un papel central en el ataque aéreo del gobierno de Colombia sobre un campamento de las FARC, del lado ecuatoriano de la frontera.
Los Estados Unidos hacen un doble juego con el rol de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Obama no reconoce la diferencia entre seguridad y defensa, algo fundamental para los países que padecieron terribles dictaduras militares. Mientras la ley Posse Comitatus, del siglo XIX, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de los Estados Unidos, su gobierno presiona a nuestros países en la dirección contraria, borrando los límites entre ambos roles. Lo mismo ocurre entre defensa e Inteligencia, en una sociedad con una proyección sin precedentes de lo militar sobre toda clase de actividades. Esto no ocurre por casualidad sino debido a decisiones políticas, como se aprecia con el enroque entre uno de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director de la CIA. El traslado del militar a la CIA y la designación en el ministerio de Defensa de quien dirigía la CIA sugiere que no hay diferencias, que son lo mismo. Esta clase de confusión ha socavado incluso la ayuda a Haití después del terremoto. La misión estadounidense en ese país se caracterizó por la presencia militar, más que social o económica. Haití necesita con desesperación de médicos, servicios sociales, inversiones y no de soldados que exhiben uniformes futuristas y un amenazante equipamiento bélico. Esto es tan fuerte en la cultura estadounidense que incluso cuesta explicar aquí por qué debería ser de otra manera.
Al presentar al Congreso su justificación del presupuesto solicitado para 2010, el Pentágono introdujo la doctrina expansionista de la Guerra Irregular, de inquietante similitud con algunas doctrinas contrainsurgentes de la década del 60, actualizadas en la denominada guerra contra las drogas, pero no sólo. Junto con la contrainsurgencia viene la doctrina de la construcción nacional o National Building, que se propone remodelar las instituciones políticas de otros países, lo cual no es una actitud amistosa. Otros documentos militares estadounidenses consideran a algunos países y regiones, entre ellos Venezuela, como posibles teatros de operaciones. El envío de coroneles de la brigada aerotransportada de paracaidistas de Fort Bragg para entrenar a la Policía Federal es otra mala señal. El gobierno argentino los acusó de tratar de introducir en el país sin declararlos armas, drogas como morfina y misteriosos equipos de comunicaciones. Este modelo de intervención ha tenido negativo impacto sobre los derechos humanos. Peor aún, cuando algunos países tratan de cambiar por formas más eficaces de enfrentar a la criminalidad compleja con respeto por los derechos humanos, el gobierno de Obama insiste en las fracasadas recetas de la era Nixon. Devastado por una violencia siempre en aumento, México es la prueba viviente de la insanía de esta política. México provee las drogas que se consumen en Estados Unidos y Estados Unidos las armas con las que se asesina en México. No es una política de buena vecindad. Los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y Cesar Gaviria y el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, entre otros, dan por perdida esa guerra a las drogas y proponen un enfoque diferente, que Estados Unidos no acepta.
Otra fuente de desacuerdos con la región es la posición estadounidense sobre el golpe en Honduras. Aunque al principio Washington rechazó el golpe como ilegal, la presión del partido Republicano en el Congreso forzó a Obama, Hillary Clinton y Arturo Valenzuela a reconocer un proceso electoral viciado que permitió la elección del nuevo presidente Porfirio Lobo, a pesar de la expulsión del derrocado presidente Manuel Zelaya, cuyo regreso fue la condición no negociable de Latinoamérica desde el comienzo de la crisis. El resultado ha sido divisivo para el hemisferio. El gobierno hondureño fue reconocido por Estados Unidos pero excluido de la OEA y sin relaciones diplomáticas con la mayoría de los países latinoamericanos. Honduras aún padece una duradera crisis institucional y de derechos humanos.
El compromiso con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reflejado en la jerarquía de los representantes de Obama ante ese foro, es la decisión política más positiva que podemos identificar. Creemos que Estados Unidos debe permanecer en el Consejo y ayudar a su consolidación. Pero aún le falta desarrollar un marco estratégico para relacionarse en forma positiva con los nuevos mecanismos regionales, como la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa, para apoyar la estabilidad en la región por medio del manejo y la prevención de crisis y la afirmación de una agenda de derechos humanos.
Varios países de Sudamérica (como la Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y ahora, en parte, también Brasil) han decidido investigar y de ser posible llevar a juicio los crímenes cometidos durante sus dictaduras cívico-militares. Esta es una decisión fundamental para consolidar nuestras democracias, y debería ser bienvenida y apoyada por Estados Unidos. También ponemos esperanzas en la posible desclasificación de archivos de la CIA y del Pentágono sobre nuestros países, pero también urgimos que se tomen acciones en ese sentido, aquí en los Estados Unidos. Es incongruente condenar a las dictaduras latinoamericanas y proteger a los responsables de autorizar en Washington crímenes similares con el pretexto de proteger al pueblo norteamericano, un razonamiento similar a los de Videla o Pinochet.
También nos preocupa la falta de atención que presta Estados Unidos a los derechos económicos, sociales y culturales a diferencia de la protección a los derechos civiles y políticos. La salud, la vivienda y el trabajo no son considerados como derechos humanos y los tratados que los consagran como tales no han sido ratificados por Estados Unidos. Según el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resume los aportes de más de un centenar de ONGs a la Revisión Periódica Universal:
- cerca del 30 por ciento de la población carece de ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas, con 24,7 por ciento de los afroamericanos, 20 por ciento de los chicos y 14,5 por ciento de las mujeres debajo de la línea de pobreza.
- centenares de mujeres mueren cada año por complicaciones evitables del embarazo, con amplias disparidades en el acceso al cuidado de la salud basadas en razones étnicas.
- pese a la sanción de una ley que mejora la salud pública, aún existen 20 millones de ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de seguro de salud.
Por desgracia, este problema estructural se agravó por algunas decisiones de política interna influenciadas por fuerzas que se oponen al gobierno de Obama. Desde un punto de vista latinoamericano el cierre de guarderías y escuelas públicas para sectores de bajos ingresos, el despido de maestros, la eliminación de miles de planes de salud para niños solos, la reducción de gastos en Medicaid podrían emplearse para justificar similares políticas horribles, pasadas o futuras, en nuestros países. Todo esto constituye una vergonzosa guerra a los chicos, que el pueblo de los Estados Unidos no debería consentir.
A pesar de todo esto creemos que aún existe en todo el mundo, aunque declinante, una ventana de oportunidad y buena voluntad para que Estados Unidos, o mejor dicho el gobierno de Obama marque un enfoque diferente en su política exterior, en particular hacia Latinoamérica y los derechos humanos. La región está madura para discusiones multilaterales más equilibradas, mejor meditadas, estratégicas sobre cuestiones que puedan afirmar los derechos humanos. Esperamos que los próximos años de gobierno de Obama muestren acciones concretas hacia esa finalidad.-
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