La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, no sale de su asombro. Siente, sencillamente, que durante los próximos seis meses “la historia” estará pasando por sus manos. Es la titular del equipo que analizará, sistematizará y digitalizará para enviar a la Justicia los 1500 biblioratos, libros y registros con información relativa al funcionamiento burocrático de la última dictadura cívico-militar. “Por primera vez tenemos frente a nosotros el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte”, consideró en diálogo con Página/12, desde la línea de largada al camino del análisis exhaustivo.

Tal como informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el lunes, Segado tomó contacto por primera vez con la documentación hallada en un subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea y desde entonces no volvió a trabajar en otro tema. “Realizamos un relevamiento general del material, sin ponernos a revisar en profundidad nada. Nos teníamos prohibido a nosotros mismos detenernos a leer cada papel, porque si no no terminábamos más”, reveló. El equipo de investigación de la dependencia que dirige se dedicará en pleno a la sistematización y análisis de la documentación encontrada, junto con un grupo de archiveros y algunos expertos en conservación de papel. En total, son 30 personas. Tendrán seis meses para terminar el trabajo. La intención de Segado es que, luego, los documentos queden en el archivo de la Fuerza Aérea.

–¿Por qué dejarlos allí?

–Soy una defensora de mantener los archivos en la fuerza como propios. De no moverlos hacia otra dependencia, no desguazarlos. Así, junto con otros documentos encontrados en la Fuerza Aérea, hay muchísimo de Malvinas, por ejemplo, dentro de su misma estructura, se puede observar una real dimensión de lo que fue el circuito represivo: su burocracia, su doctrina, su política. Todo.

–¿De qué hablan los documentos hallados?

–Hasta el momento hicimos un trabajo general desde el que podemos decir que son registros que revelan el funcionamiento burocrático de la última dictadura. Es increíble y fundamental. Primero porque, como destacó Rossi, los papeles los entregó la misma fuerza. Ellos descubrieron todo este papelerío y así como lo descubrieron cerraron la puerta con candado y nos llamaron, con la sospecha de que era inédito. La totalidad que abarcan los papeles es la otra razón de importancia, la unidad documental que significan y que dan cuenta de la política pública del golpe, de una política de exterminio no sólo de vida, sino total y absoluta. En el Archivo General de la Nación hay algunos expedientes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL), también algunas actas de la junta. En el Archivo de la Armada también hay algunas otras. Lo existente de esta información estaba suelto, disperso. Lo novedoso e inédito del hallazgo en la Fuerza Aérea es la unidad de conjunto.

–¿Se podrán resolver incógnitas que persisten desde aquellos años?

–Dudo de que se encuentren datos relativos al destino de los bebés apropiados o de los desaparecidos, pero nada indica que no pueda aparecer entre tanta orden alguna punta que pueda dar algún indicio. Es que en estos papeles, por lo que por ahora pudimos ver, siquiera se apropian de su política de muerte: cuando hablan de los desaparecidos lo hacen como si fuera mentira: cómo hacemos para que los desaparecidos no molesten desde la opinión pública, cómo se tenía que manejar en ese aspecto los dichos sobre los desaparecidos. En ningún lado de lo que leímos hasta ahora se hacen cargo de que son sus asesinatos.

–¿Por qué es tan importante este derrotero burocrático?

–Hasta ahora, siempre pasó que la perlita documental, aquel papel valioso era el que revelaba operativos, ofrecía nombres de personas o de estrategias de los que ya se tenía conocimiento. La prueba. Aquellos documentos que ofrecen un hecho delictivo, penal. Que se pensara sólo la importancia de los papeles que daban esos datos hacía que los abogados querellantes debieran quemarse las pestañas rearmando la estructura general del genocidio, aquello que le daba marco a la muerte. Por primera vez tenemos el registro burocrático de aquello que le dio marco político a la muerte. Frente a nosotros aparecen documentos en los que la junta designa quién sería el responsable de tal o cual tema, como el de seguir el “problema” de Papel Prensa, por ejemplo. Aparecen cargos, no aparecen los nombres, pero desde allí se puede empezar a rastrear. Habrá que hacerlo. También están las pruebas de todos los pedidos que llegaban a diario a la junta. Pedidos de organismos de derechos humanos, como el de Hebe o el de Abuelas, pedidos de personas individuales.

–¿En qué consistirá su trabajo?

–Trabajaremos en un catálogo muy preciso de lo hallado con una descripción minuciosa de cada cosa. A la vez lo iremos digitalizando y con eso armaremos unidades temáticas para mandar a la Justicia. No vamos a esperar a que la Justicia nos lo pida o lo vengan a buscar abogados. Lo vamos a entregar nosotros.

–¿Por dónde van a empezar?

–Por las actas, que están armadas casi cronológicamente, además de muy bien preservadas. Además están los escritos en los que los secretarios organizaban el temario, con anotaciones en lápiz, discusiones internas que son más pruebas de la lucha de poder hacia el interior del núcleo militar. Los informes de la Comisión Asesora Legislativa (CAL) nos van a llevar más tiempo porque estuvieron guardados en carpetas de cartulina, una por cada decreto del Poder Ejecutivo Nacional, están todos, y todos húmedos, ya que estuvieron expuestas en un lugar que se inundaba. Habrá que restaurarlas. Hay reglamentos, el libro de entrada y salida de expedientes. Encontramos el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, la carta de salida de los genocidas del gobierno con todos sus borradores, en los que debatieron por qué no poner la palabra de-saparecidos, por ejemplo. El manejo de las privatizaciones con los peros y posturas de cada una de las fuerzas; qué decía Economía, qué decía la CAL. Hay, por ejemplo, versiones taquigráficas de reuniones de la CAL con los directores de diferentes empresas y las discusiones que se armaban ahí.

–¿Volverán a revisar las dependencias a partir de este descubrimiento?

–Están casi todas las unidades del país revisadas por nosotros. Fuimos a Córdoba, a Mar del Plata, a Puerto Belgrano. Las fuerzas las registraron en su totalidad. Lo que pasa es que uno busca en los lugares que cree que pueden llegar a ser depósitos de documentación. En este caso, se encontraron los documentos en un sótano, como si fuera el garaje de una casa.-

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“SECRETO”. Así, en mayúscula y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo, comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas trataron “el problema de Papel Prensa” y “el arresto de los familiares e implicados en el caso Graiver”. En otras tantas, se ordena que “se debe evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando, en cambio, ‘pedidos de paraderos de personas’”. Tras un análisis preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el “valor histórico” de la documentación hallada, que comprende además 1500 biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor jurídico. “Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de esta índole”, destacó el ministro que, además, remarcó: “El hallazgo demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano”.

El jueves pasado, el jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa con una noticia llamativa: en una “limpieza” en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea habían encontrado “documentación que prima facie parecía resultar sensible al período histórico comprendido entre 1976 y 1983, la última dictadura militar”, relató Rossi ayer en el marco de la conferencia de prensa a la que citó a medios, organismos de derechos humanos y representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

La Dirección de Derechos Humanos de la cartera, a cargo de Stella Segado, y de Asuntos Jurídicos, a cargo de Graciana Peñafort, hicieron en estos días un análisis preliminar de los papeles resguardados en dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería durante treinta años. Ayer, Rossi limitó en seis meses la tarea de sistematización en profundidad de la información, que estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio.

Entre las documentación hallada hay:

n 1500 biblioratos.

n Seis carpetas que contienen las actas originales de los encuentros que la Junta Militar mantuvo mientras duró su gobierno de terror, en las que quedaron registros de que discutieron sobre desaparecidos, sobre la detención de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, y sobre esa empresa. También sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle y la Ley de Radiodifusión.

n Documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, informes que “daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno de los genocidas, planificación de la estrategia a largo plazo.

n Registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e intelectuales.

Antes y después de detallar el contenido general de los archivos encontrados, Rossi destacó cómo se produjo esa revelación: “Llegamos a esta documentación por una información que nos brindó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas. No porque estábamos investigando nosotros, no por una investigación judicial, y eso es un hecho cualitativo absolutamente distinto de otras situaciones en las que se han encontrado documentos relacionados con la última dictadura”, subrayó Rossi y, en esa línea, lo relacionó con la “misión” que le encomendó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrarlo al frente de la cartera: “La Presidenta me dijo que había que empezar a construir una nueva relación entre las Fuerzas y la sociedad, integradas a un proyecto de Nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiosas. Este hecho demuestra que así se está actuando”.

También ayer, el ministro firmó una resolución que llama a los miembros de las Fuerzas Armadas a “intensificar la requisa en lugares no habituales de tránsito y uso (de las diferentes dependencias) ante la posibilidad de que pueda existir más documentación que ayude a ir consolidando la idea de memoria, verdad y justicia”. En ese sentido, destacó la presencia de la cúpula militar en la conferencia como un “cambio de época” y un “aporte a los festejos de los 30 años de democracia”.

“La Justicia determinará el valor jurídico que los documentos puedan tener a las causas abiertas”, mencionó Rossi. Para Peñafort, el valor jurídico de los papeles es “casi inédito”: “Estamos tratando con documentación original que en los juicios en los que se discute la política económica de la dictadura, por ejemplo, servirán para dar cuenta de un plan económico y sistemático hecho en violación a la Constitución y a los derechos humanos de quienes eran accionistas de las sociedades”. En cuanto a la historia, la directora de Asuntos Jurídicos de la cartera de Defensa coincidió con el titular, ya que “semejante cantidad de información, en relativo buen estado y sistematizada en su mayor parte, original, permite pensar que es posible encontrar otra información muy preciada y esperanzadora que conduzcan a datos que permitan resolver dudas sobre los hijos, sobre los nietos”.-

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El Partido Socialista de Madrid lo volverá a intentar. El grupo socialista de la Asamblea de la Comunidad de Madrid presentó el pasado 18 de octubre para su debate en el Pleno de la Cámara una nueva Proposición No de Ley para que la cámara de representantes denuncie "la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco"; condene "el régimen dictatorial posterior que durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad"; adopte "las medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión franquista y el terrorismo de Estado" su derecho a la verdad; y se adhiera y persone en la llamada querella argentina, que lleva adelante la magistrada argentina María Servini por los crímenes del franquismo.

"Solicitamos que la Asamblea de Madrid se posicione y vote a favor de adherirse y apoyar la querella argentina. Así, también proponemos que la Asamblea denuncie el golpe del general Franco y los cuarenta años de represión y sangre", explica a Público Óscar Iglesias, diputado del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid que ha presentado la Proposición No de Ley.

Esta propuesta, sin embargo, no ha sido la única que ha presentado la agrupación socialista de Madrid en la Asamblea para condenar la dictadura. El pasado mes de julio, sin ir más lejos, coincidiendo con el aniversario de la sublevación militar, el Partido Socialista de Madrid presentó otra Proposición No de Ley (PNL) que exigía la retirada de los símbolos y nombres franquistas de las calles de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

En aquella ocasión la Proposición No de Ley no salió adelante al no contar con el apoyo de la mayoría conservadora del Partido Popular. "Es verdad que en otras ocasiones que hemos presentado propuestas similares no hemos tenido ningún tipo de éxito y también hemos visto que en otros parlamentos autonómicos que han presentado iniciativas similares tampoco han tenido el apoyo del Partido Popular, pero bueno, vamos a ver qué ocurre", señala Iglesias.

La Proposición No de Ley que ha presentado el PSM recoge también la formación de un grupo de representantes de la Asamble que viaje a Buenos Aires en las fechas en las que las asociaciones que componen la querella contra los crímenes del franquismo presten declaración, es decir, el próximo 2 de diciembre. "Es importante que la Asamblea de Madrid se persone para dar respuesta a los delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables que conculcaron los derechos humanos en la época franquista. Cualquier democracia debe condenar los crímenes de cualquier dictadura", prosigue Iglesias.

Cabe recordar, tal y como adelantó hace unos días este diario, que una delegación de los querellantes, entre los que se encuentra Merçona Puig Antich, hermana del militante antifranquista Salvador, será recibida el próximo 2 de diciembre en el simbólico Palacio de Tribunales de Buenos Aires. Junto a las víctimas viajará también un grupo de alcaldes, diputados y senadores del Estado español para mostrar su apoyo a la querella. En este último grupo es donde el PSM solicita a la Asamblea de Madrid que se integre.

El Parlament balear rechazó la semana pasada, a través de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, con los votos del PP, una Proposición No de Ley presentada por MÉS, mediante la cual se pedía que la Cámara suscribiera la condena que hizo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006 que rechazó con firmeza las múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en España por el régimen franquista desde 1939 a 1975. La Proposición sólo contó con el apoyo de la formación MÉS y del Partido Socialista de Illes Balears.

Tras el rechazo de esta Proposición No de Ley por parte de los conservadores, la diputada de MÉS, Fina Santiago, consideró que el hecho de que el PP votara en contra de condenar la dictadura franquista suponía "un ejemplo de que todavía hay una vinculación muy fuerte entre el PP y la dictadura franquista". "Todavía se consideran herederos políticos de la dictadura franquista y no pueden hacer un rechazo público, porque hay militantes, votantes y simpatizantes de su partido que los podrían reprochar", estimó, informa Europa Press.

A día de hoy, el único Parlamento autonómico que ha mostrado su apoyo a la querella argentina ha sido el de Euskadi con los votos a favor de PNV, EH Bildu y PSE. El parlamento andaluz, por su parte, también está tramitando una Proposición No de Ley que apoye a la querella argentina.-