A diferencia de la convocatoria del martes, ésta no ha sido autorizada, por lo que se considera ilegal
A diferencia del llamamiento anterior, esta convocatoria para pedir una nueva asamblea constituyente no ha sido comunicada ni autorizada por la Delegación del Gobierno, por lo que se considera ilegal.
El Ministerio del Interior todavía no ha revelado qué respuesta dará a esta nueva protesta no autorizada. No obstante, altos mandos de la Policía aseguran que la presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso será “más que suficiente”. Según ellos, es probable que se proceda al vallado del perímetro del Congreso si la respuesta a esta convocatoria es tan masiva como la de ayer.
Las fuerzas de seguridad recuerdan a los manifestantes que el artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso de los Diputados cuando esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
La protesta del 25S degeneró en fuertes choques entre los manifestantes y los agentes de seguridad, que usaron porras y gases lacrimógenos para mantener a raya a los manifestantes. Estos episodios de brutalidad policial desataron la polémica en la sociedad española. Mientras el Gobierno elogia sus acciones, otros las condenan e incluso piden que se abra una investigación para determinar si policías vestidos de paisano pudieron estar detrás de la "actuación represiva de la propia Policía".-
