Jorge Capitanich, ex gobernador de la provincia del Chaco, católico ultramontano, antiabortista, muy amigo de Estados Unidos, al que concedió una base electrónica en su provincia para controlar Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, quien sirvió a los ex presidentes Menem y Duhalde, peronistas de derecha y neoliberales, es ahora jefe de gabinete (primer ministro) en nombre de la llamada Liga de Gobernadores, o sea, del Partido Justicialista, del cual Kirchner quería independizarse. El ministro de Economía, Axel Kicilloff, es un keynesiano pragmático y sirvió antes con Duhalde y Capitanich.
Las reservas en divisas, que hace menos de un año consistían en unos 50 mil millones de dólares, ascienden hoy a menos de 30 mil y siguen disminuyendo. La presidenta se enorgullece de que el gobierno es pagador serial
(pagó 178 mil millones de deuda, aunque sigue debiendo 300 mil) y explica que 75 por ciento de la caída de reservas se debe al pago de la deuda (la cual no fue sometida a una auditoría y es injusta e ilegal) y a servicios de la misma. Las reservas equivalen hoy a sólo cinco meses de importaciones.
Los productores especulan postergando el pago de la soya vendida (unos 6 mil 300 millones de dólares) y guardando en silos la cosecha. El gobierno, que carece de dólares, los exhorta gentilmente a que paguen y llama a los capitalistas a invertir (cuando éstos sólo piensan en la rentabilidad de las inversiones).
Dado que el gobierno dejó durante años que el país pasase de exportador de combustibles a importador neto y favoreció a empresas depredadoras como Repsol hasta que tuvo que estatizar parte de la misma, ahora debe hacer un acuerdo con Chevron (ex Standard Oil) peor al que hizo Perón en su último gobierno. Chevron, se recuerda, fue condenada en Ecuador a pagar 100 mil millones de dólares de indemnización por los daños ecológicos que produjo. El fracking en las reservas de Vaca Muerta podría en 10 años evitar la masiva y onerosa importación argentina de combustible, pero la industria del petróleo quedará en manos de trasnacionales. El pago de 5 mil millones de dólares a Repsol, que antes fuera declarada delincuente, tiene por objetivo atraer otras compañías. El fracking, por otra parte, causa enormes daños al ambiente y países como Francia lo prohíben. A pesar de los grandes vientos de la Patagonia y de las altas mareas patagónicas, o del abundante sol, no se hace nada para no depender de combustibles fósiles o de la energía atómica. En cuanto al transporte, para favorecer a las trasnacionales del automotor, circula todo por carretera, lo cual consume combustible importado, arruina el ambiente y es carísimo. No hay planes serios para el desarrollo de los fletes ferroviario o fluvial, mucho más baratos y ecológicos.
El gobierno anunció que pagará al Club de París para lograr el apoyo del FMI y del Banco Mundial y contraer nuevos préstamos. La gran minería prácticamente no paga impuestos, como los bancos extranjeros. La exportación de automotores cuesta en divisas, por la importación de autopartes, más de lo que se obtiene con la exportación en ese rubro. Las medidas cambiarias para reducir importaciones y el turismo al exterior lesionan gravemente, por otra parte, a Uruguay y Brasil, y el gobierno no recuerda ya el Mercosur.
Capitanich exhorta a las burocracias sindicales oficialistas a moderar los pedidos de aumentos de salarios (en un 20 por ciento cuando la inflación supera el 25). En realidad, prepara un ajuste de los salarios reales conteniéndolos y, al mismo tiempo, eliminando subsidios (o sea, salarios indirectos).
La oposición neoliberal está dividida entre los partidarios de una devaluación brusca del peso y un gran endeudamiento externo (que favorecería a un puñado de empresas a costa del nivel de vida de los trabajadores) y los que quieren mantener el mercado interno y el poder adquisitivo de las mayorías porque temen un nuevo 2001 mucho más radical. La situación social es, en efecto, tensa (basta pensar en la facilidad con que se organizan los saqueos en las principales ciudades) y el Frente de Izquierda recogió un gran voto de protesta y está creciendo en las elecciones y en la dirección de fábricas y sindicatos donde hay conflictos.
El gobierno destruyó el dique contra las movilizaciones que le brindaba la unidad de la burocracia sindical y depende ahora de los gobernadores y alcaldes, que son en muchos casos muy reaccionarios. El acuerdo con la Iglesia católica para inscribir en el Código Civil que la vida comienza cuando un espermatozoide fecunda un óvulo en la pareja (dejando fuera, por ejemplo, el aborto y la fecundación asistida, que son legales) reforzará también la tendencia de muchos gobernadores a ignorar en sus provincias las leyes nacionales progresistas.
En resumen, sin grandes inversiones y nuevos préstamos, o sin medidas serias contra quienes tienen los dólares (los soyeros, por ejemplo, y los importadores-exportadores), la actual política asistencialista y distribucionista no podrá ser mantenida. Duros conflictos sociales y estallidos populares desorganizados, si no se consolida una izquierda que los encauce, estarán entonces en el orden del día.-
