28/10/11.-La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la nueva norma que permitirá regular el sector arrendaticio deviviendas.
El texto legal es el primero de iniciativa popular que se aprueba en el Parlamento, y fue propuesto por la organización Movimiento de Pobladores y otros grupos interesados en que se regularan los altos costos en el servicio habitacional y se redujeran los atropellos que se producían en este área con la anterior normativa, la cual fue calificada por el diputado Diosdado Cabello como “la ley Apiur”, en referencia a la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Durante el debate, colectivos vinculados al sector de viviendas mostraron satisfacción por el texto legal “porque hemos sido víctimas de desalojo”.
El presidente Hugo Chávez, quien minutos después hizo contacto telefónico con VTV, calificó de muy positiva la norma, la cual, según aseveró, “vamos a comenzar a aplicar”.
En este sentido, afirmó que el Ejecutivo Nacional alista el reglamento de la ley que debe ser aprobado en Consejo de Ministros.
Agregó que próximamente realizarán un evento relacionado con el tema y comentó que en las principales ciudades del país existe un buen número de edificios con más de 20 años de arrendados, los cuales deben ponerse a disposición de los inquilinos para su venta, conforme al nuevo texto legal.
LEY DE PRESUPUESTO
Más temprano, el Parlamento aprobó, en primera discusión, el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 y la Ley de Endeudamiento con el voto salvado de la oposición. También, fue aprobada en primera discusión la Ley Contra la Delincuencia Organizada y un crédito adicional por más de 3 mil millones de bolívares, como moción de urgencia, presentada por la Comisión de Finanzas para el pago del bono de aguinaldos de los empleados del sector público.
CIUDAD CCS
Aprobada Ley de Alquileres
27/10/11.-Con la poca presencia de la fracción parlamentaria de la oposición, la bancada socialista de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el proyecto de ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, cuyo marco jurídico busca propiciar relaciones arrendaticias justas y combatir la especulación.
La exposición de motivos de la propuesta legal señala que “merecen toda la protección y estímulo por parte del Estado” los pequeños arrendadores: “familias que por razones diversas deciden arrendar con precios y condiciones justas”.
Resalta la importancia entonces de diferenciar “el arrendamiento especulativo y explotador, de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables”.
El texto también rechaza la existencia de inquilinos “que intentan generar condiciones injustas ante arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas capitalistas y excluyentes, que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos de la vivienda principal y única de arrendadores, que son pequeños propietarios con igual situación de necesidad en relación con la vivienda”.
El combate a la especulación en las relaciones arrendaticias se concreta a través de la fijación de un canon de alquiler mediante una metodología que toma en cuenta los criterios del valor de construcción en la actualidad, la dimensión de la infraestructura, la vida útil, la vulnerabilidad sísmica y la ubicación geográfica.
“No se trata de eliminar el arrendamiento en Venezuela, sino de su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para un arrendamiento justo”, señala la Exposición de Motivos.
Elizabeth Santos, de la Red Metropolitana de Inquilinos, una de las organizaciones promotoras del proyecto de ley, dijo este viernes que era necesaria una regulación para un sector que estaba casi liberado por completo.
El ente del Estado que regirá esta materia es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, que formará parte del Ministerio para la Vivienda y Hábitat y sustituirá a la actual Dirección Nacional de Inquilinato.
Entre sus funciones está la fijación del canon, la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetos de la ley, imponer sanciones y determinar indemnizaciones, proveer de refugio o vivienda transitoria a quienes deban ser desalojados y no tienen techo a donde ir y revisar los contratos.
Este proyecto de ley amparará a más de 750.000 familias que viven en condición de arrendamiento en el país, más aquellos que habitan en pensiones y en residencias estudiantiles.
Fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos, con el respaldo de 400.000 firmas.
La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, antes de pasar a discusión en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, siempre acompañada por los inquilinos, así como por representantes de los propietarios.-
AVN
