Un informe asegura que el ex Secretario de Defensa de Bush sancionó la aplicación de 15 técnicas distintas de coerción.
Un día después de que Barack Obama dejara la posibilidad de procesar a los funcionarios del Gobierno de Bush que autorizaron el uso de la tortura en las cárceles de la CIA, el Senado de Estados Unidos ha dado un paso más y ha publicado un informe que revela nuevo detalles sobre el el proceso que llevó a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a supuestos miembros de Al Qaeda.
La polémica ha tomado los círculos políticos tras la desclasificación de informes que revelan que los que altos cargos de la administración Bush autorizaban y justificaban esas prácticas.
El informe indica que el abuso de detenidos bajo custodia estadounidense "no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa propia".
El hecho es, señala el Congreso, "que altos cargos del Gobierno de EEUU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad y autorizaron su aplicación a detenidos".
Entre esos altos cargos el documento del Senado señala a uno muy especial: a Donald Rumsfeld, que entonces era Secretario de Defensa. Dice el informe que Rumsfeld aprobó el empleo de técnicas agresivas contra detenidos en Guantánamo tras buscar consejo legal. El informe es más preciso y acusa a Rumsfeld de aprobar 15 procedimientos distintos de tortura el 2 de diciembre de 2002.
La autorización de Rumsfeld también llegó a conocimiento de agentes en Afganistán y una copia del memorando fue enviado de Guantánamo a ese país.
El titular de Defensa anuló en enero de 2003 su decisión sobre Guantánamo, pero el documento siguió influyendo en los interrogatorios, indica el Congreso.
Desde Afganistán, las prácticas llegaron a Irak y con ello a la prisión de Abu Ghraib, cerrada por EEUU tras conocerse los malos tratos practicados por soldados estadounidenses contra los detenidos.
El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002 el entonces presidente Bush firmó un memorando contrario al Artículo 3 de la Convención de Ginebra, referido al tratamiento de prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibán.
El Gobierno calificó a esos detenidos como "combatientes enemigos" e indicó que no les correspondían las protecciones de la Convención de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones militares formales.
El informe del Congreso también revela que mientras el Gobierno preparaba el entramado legal para autorizar las torturas, también se entrenó a personal en la prisión de Guantánamo (Cuba) sobre estas técnicas.
Algunos expertos militares legales cuestionaron y expresaron su preocupación acerca de esas técnicas, pero sus quejas fueron desoídas.-
