EL ECO DE LOS PASOS sostiene el apoyo crítico a la Revolución Venezolana desde el punto de vista del Comunismo Anarquista.- Colaboraciones a: cntfai@cantv.net
| El continuum de la guerra contra las mujeres MIRADAS: FEMINICIDIO EN GUATEMALA / Amandine Fulchiron/Consorcio Actoras de cambio Jueves, 20 de septiembre de 2007 / Revista Pueblos |
Tres mil mujeres asesinadas de manera violenta desde el año 2000 [1]. Estos datos escalofriantes evidencian que sobre los cuerpos de las mujeres se sigue librando una guerra, cuyas reglas han sido puestas por una cultura patriarcal local. La guerra contra las mujeres no ha terminado con los Acuerdos de Paz. Amnistía Internacional evidenciaba en un informe especial sobre esta problemática que “La brutalidad de los homicidios y los signos de violencia sexual que presentan ahora los cuerpos mutilados de las víctimas tienen muchas de las características de las terribles atrocidades cometidas durante el conflicto que quedaron impunes” [2].
La impunidad de la que han gozado los autores de crímenes sexuales y ejecuciones de mujeres durante la guerra en Guatemala es sin duda un factor que crea las condiciones para que se reproduzca esta violencia, sin que se conmocione la sociedad. Envía un mensaje de permisividad tanto a los victimarios como al resto de la sociedad, que perpetúa las raíces de esta violencia y la fomenta.
Treinta y seis años de guerra y ninguna condena judicial contra altos mandos del Ejército por crímenes de lesa humanidad lograron instalar como “algo normal” y necesario el uso de la violencia para resolver los conflictos sociales. Lograron además invisibilizar la particular saña contra el cuerpo de las mujeres y su asesinato dentro del problema más general de la cultura de violencia, viendo lo primero como algo “colateral” e inevitable.
Guatemala está viviendo en un cuadro de colapso institucional absoluto, donde la reconversión del Ejército no se dio en la dimensión esperada, y muchos de sus miembros se integraron en las fuerzas policíacas, llevando consigo las prácticas aprendidas durante el conflicto. El Estado protagoniza la cultura de violencia contra las mujeres. Lo hace directamente a través de la implicación de sus fuerzas de “seguridad” en la comisión de asesinatos brutales contra las mujeres. La institucionaliza también a través de leyes discriminatorias y a través de un sistema de justicia totalmente ineficaz para proteger la vida, la integridad física, y la autodeterminación de las mujeres.
La impunidad se refleja todos los días en la falta
de diligencia de los operadores de justicia para prevenir, investigar y sancionar a los autores del delito. Una investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) pone de relieve que de los 14.137 casos que ingresaron como violencia contra las mujeres en la Fiscalía de la Mujer en 2003, sólo se hallaron tres sentencias ejecutorias, una por parricidio y dos por negación de asistencia económica [3].
Además, los operadores de justicia no juzgan estos casos en función de los derechos de las mujeres internacionalmente reconocidos sino de los estereotipos ancestralmente arraigados sobre su conducta sexual. A través de un mecanismo ideológico perverso propio del patriarcado, que transforma a toda mujer violada en mujer “mala”, se culpabiliza a la víctima, en vez de sancionar a los perpetradores. Siempre se sospechará que una mujer violada lo ha consentido, lo ha provocado... incluso que lo ha gozado. No se evalúan los hechos en función de la experiencia vivida y relatada por las mujeres, sino en función de cómo los hombres nombran lo sucedido.
Es en este sentido que podemos afirmar que hay feminicidio en Guatemala, desde el concepto utilizado por Marcela Lagarde, que acota el concepto de femicide [4] a situaciones extremas de violencia contra las mujeres, de particular crueldad contra su cuerpo, y en el contexto del colapso institucional del Estado de derecho y rupturas sociales muy fuertes.
Este concepto sitúa la discusión en el marco de los crímenes de Estado. Hay feminicidio cuando las fuerzas del Estado están involucradas en los crímenes sexuales contra las mujeres, cuando el Estado no da garantías a las mismas y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad. Más aún cuando no realizan con eficiencia sus funciones. El feminicidio por lo tanto es un crimen de Estado. En palabras de la autora: “Para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio y así denominar el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado.” [5]
Durante la guerra, el feminicidio se dio en particular contra mujeres indígenas del área rural dentro del marco de la política de tierra arrasada y de genocidio. Hoy las víctimas parecen ser mujeres urbanas, jóvenes y de clases bajas. Pero ambas situaciones tienen en común la idea de que las mujeres son usables, maltratables y desechables. Ambas coinciden en su infinita crueldad.
Esta situación de extrema brutalidad contra las mujeres sólo se puede dar en un sistema ideológico dominante que las deshumaniza, las desvaloriza y las cosifica. El feminicidio se nutre de la cultura patriarcal y misógina que, combinada y reforzada con la ideología racista y de clase, convierte a las mujeres en cosas prescindibles, en propiedad sexual de los hombres, en cuerpos violables y en sirvientas domésticas y sexuales. Ese es el sustrato cultural común entre ayer y hoy, entre el feminicidio durante la guerra y el actual, aunque los contextos difieren y los factores que potencian esta violencia sean distintos.
En ambos casos el cuerpo de las mujeres cobra una dimensión simbólica de “objeto transaccional” [6] en los pactos entre varones. En otros términos, es utilizado para definir territorios de poder y cambiar la correlación de fuerzas entre grupos de hombres. Así, durante la guerra, el uso sistemático de la violencia sexual como paso inaugural para masacrar a las mujeres, tenía como objetivo humillar y desmoralizar a los hombres del bando enemigo, como dueños del cuerpo de las mujeres. Mientras que en la situación actual, Amnistía Internacional indica que “algunas mujeres han sido asesinadas (...) para hacer una demostración de poder frente a grupos rivales” [7].
Finalmente, el feminicidio genera una situación de terror para las mujeres, y a través de ellas para todo el cuerpo social. En la guerra existía una estrategia diseñada por los altos mandos del Ejército dirigida a aniquilar toda veleidad de resistencia y oposición a través de la violación y mutilación de los cuerpos de las mujeres que sembraba el terror en la población.
Actualmente, aunque no se trate de una estrategia definida y dirigida por un grupo de hombres en particular, la brutalidad con la que se asesina a las mujeres, con total impunidad, tiene repercusiones muy graves en términos de libertad, desarrollo propio y ejercicio de la ciudadanía. “Puede llevar un mensaje perverso: que las mujeres deben abandonar el espacio público que han ganado con tanto esfuerzo personal y social, y recluirse nuevamente en el mundo privado, abandonando su rol indispensable en el desarrollo nacional” [8].
Frente a esta realidad avasalladora es urgente hacer un balance de nuestras acciones como movimiento feminista y de mujeres, crear nuevos discursos y pensar estrategias innovadoras que puedan movilizar las conciencias colectivas. Para ello, es fundamental reencontrarnos en espacios de reflexión política que permitan construir nuevos referentes y contradiscursos culturales. Identificar alternativas y encontrar nuevos paradigmas de relaciones entre mujeres y hombres implica “descodificar” los mecanismos sociales que invisibilizan y fomentan la violencia contra las mujeres. Pasa por reconocer que la violencia tiene que ver con la construcción de la sexualidad desde valores masculinos patriarcales de dominio, fuerza y violencia.
Frente a esta nueva guerra contra las mujeres en Guatemala es urgente que todas las organizaciones feministas y de mujeres nos movilicemos juntas e interpelemos las conciencias colectivas. Para ello es necesario dejar los feudos y que cada organización pueda aportar a esta reflexión desde sus experiencias e historias. Es urgente hacer puentes y alianzas entre nosotras partiendo del reconocimiento de nuestras diferencias. Es urgente ponerse a trabajar juntas para movilizar la opinión pública, para conmoverla, pero sobre todo para que se indigne.
En este esfuerzo de alianza es fundamental que feministas de otros países apoyen para que se propague la indignación y que se interpele a nuestros respectivos gobiernos con vistas a que pidan cuentas por las miles de mujeres que han desaparecido en estos últimos años en Guatemala.
¡Por la vida de las mujeres, ni un asesinato más!
Este artículo ha sido publicado en el nº 28 de la edición impresa de Pueblos, septiembre de 2007.
[1] El año 2000 fue el primer año en el que se empezó a visibilizar la problemática de los asesinatos de mujeres en la prensa. No supone que no existiesen antes sino que no existen registros previos.
[2] Amnistía Internacional (2005): “Guatemala: Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala”, junio, p.4.
[3] DÍEZ, Andrea, HERRERA, Kenia (2005): Violencia contra las mujeres: tratamiento por parte de la justicia penal en Guatemala, ICCPG, Guatemala, p. 102.
[4] Término acuñado por Jill Radford y Diana Russel en su obra Femicide: the Politics of Woman Killings, Twayne Publishers, New York, 1992, y que se refiere al continuum de todas las formas de violencia contra las mujeres, que culminan en su muerte violenta: el asesinato e incluso suicidio de las mujeres. Se trata de un crimen de odio contra las mujeres.
[5] LAGARDE, M. (2004): “Fin al Feminicidio: por la vida y la libertad de las mujeres”, Discurso pronunciado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 de febrero, p. 13.
[6] Concepto acuñado por Celia Amorós.
[7] Amnistía Internacional, Op. Cit, junio de 2005, p. 11.
[8] Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, Comunicado de Prensa, Guatemala, 2004.