EL ECO DE LOS PASOS sostiene el apoyo crítico a la Revolución Venezolana desde el punto de vista del Comunismo Anarquista.- Colaboraciones a: cntfai@cantv.net
Hasta su último año de bachillerato, Filipe encajaba muy bien. Un estudiante fuerte en una de las mejores escuelas de Boston, destacó en deportes y ganó una beca para colegios estatales debido a sus altas calificaciones en los exámenes. Le gustaban el rock and roll, los videojuegos y los Medias Rojas. Habla inglés como un estadounidense, con apenas un indicio de acento.
Entonces, se graduó y se cerraron todas las puertas. No pudo reclamar la beca, el colegio estatal le cobraba una colegiatura cara como no residente y la ayuda financiera no estaba disponible para él. La razón: Filipe es un inmigrante ilegal.
Por todo Estados Unidos, Filipe y estudiantes como él son bien recibidos en el sistema público gracias a un limitado fallo de la Suprema Corte de 1982, por el cual se les garantiza la educación básica, sin importar su situación migratoria. Después de la graduación, para quienes quieren asistir a la universidad, las reglas cambian drásticamente.
La historia que se cuenta en pocas ocasiones es lo que les sucede después. Filipe obtuvo un préstamo, se inscribió en la universidad, y se hundió en una deuda de 46,000 dólares. Se tomó este semestre para trabajar en un gimnasio y pagar la deuda. Cuando no pudo proporcionar su número de la Seguridad Social, perdió el trabajo.
Ahora, no tiene dinero, está desempleado y podrían deportarlo a Brasil, tras haber pasado casi la mitad de su vida en Estados Unidos. "Nunca pensé que estaría así", dijo hace poco el chico de 20 años, quien habló a condición de no publicar su apellido. "Es un lugar difícil para vivir".
Cada año, algo así como 65,000 estudiantes indocumentados como él se gradúan del bachillerato a nivel nacional, incluidos cientos en Massachusetts, según el Centro Nacional sobre Leyes Migratorias en Washington. Diez estados, incluidos California y Texas, permiten que los estudiantes paguen colegiaturas para residentes y continúen sus estudios, mientras que varios otros lo prohíben activamente, incluido Carolina del Sur. Las universidades privadas establecen sus propias reglas; algunas les otorgan becas privadas y otras no.
Massachusetts rechazó una legislación por la que se habría permitido que los estudiantes pagaran cuotas de residentes en 2006. Los costos para los no residentes en este estado son del doble de los que sí lo son, tanto como 21,729 dólares al año en la Universidad de Massachusetts en Amherst.
Los defensores de controles más estrictos a la inmigración dicen que los estudiantes no deberían quitar lugares a los ciudadanos estadounidenses o a los residentes legales. Dicen que las colegiaturas para los residentes son un privilegio que debería ser sólo para ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
"La responsabilidad de esto la tienen los padres", dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro Para Estudios sobre Inmigración. "Tengo un verdadero problema moral con estos padres que dicen que tenemos la responsabilidad de corregir sus errores".
Los defensores de los inmigrantes dicen que no se debería castigar a los hijos por las acciones de sus padres, y que los estados podrían beneficiarse inscribiendo estudiantes que de otra forma no podrían costearse la universidad. Los de Massachusetts dicen que los ingresos estatales se incrementarían en 2.5 millones de dólares al año, si los estudiantes pudieran pagar colegiaturas de residentes
"Le costaría algo al estado y ganaría con los que no están asistiendo a la escuela ahora", dijo Eva Millona, directora ejecutiva de la Coalición de Defensoría de Inmigrantess y Refugiados de Massachusetts
A nivel nacional, una legislación pendiente llamada la Ley Sueño, presentada la primera vez en 2001, permitiría que los estudiantes pagaran colegiaturas de residentes en universidades públicas y meter solicitud para la residencia legal.
El Gobierno de Obama y el Consejo Universitario la apoyan, pero los asesores congresionales dijeron que es poco probable que la Cámara de Representantes y el Senado la aprueben sin una revisión de todos los inmigrantes ilegales en Estados Unidos
Stéphania Lavalas, una haitiana de 31 años, descubrió que era una inmigrante ilegal tres meses antes de egresar de la Preparatoria Dorchester en 1996
Hasta entonces, había tenido un currículum impresionante: era una de las mejores estudiantes, jugadora de vólibol, ganadora de un premio por asistencia perfecta y tutora. Tomaba clases universitarias cuando todavía estaba en la preparatoria. Quería ser maestra.
Un día de marzo de 1996, obtuvo una beca universitaria y se apresuró a ir a su casa para contarle a su padre.
"Empezó a llorar y
Su ceremonia de graduación fue "como un funeral". Un mes después, llena de angustia, rompió los premios que habían cubierto las paredes de su recámara. Pensó en el suicidio. "Un día, simplemente sufrí una crisis y sentí que había hecho todo por nada", explicó. "El objetivo era que ingresara a la universidad, y ayudar a mi padre que trabajaba en una residencia para ancianos que lo estaba matando. Mi madre estaba en una cocina Lo más difícil para mí fue encontrarme con mis compañeros de clase. Todo el mundo sabía que iba a hacer algo grande".
Sus compañeros de clase fueron a la universidad, y ella se quedó atrás. Se hizo voluntaria en organizaciones sin fines de lucro locales, se kaS¶, solicitó la residencia legal y la rechazaron. La tensión acabó con su matrimonio. El año pasado se mudó a Canadá para solicitar el estatus de refugiada y está esperando los documentos. Si la aprueban, lo siguiente serán las solicitudes para las universidades. "Soy una sobreviviente", dijo en entrevista telefónica desde Montreal. "Y no me doy por vencida".
W.G., un inmigrante haitiano que también asistió a escuelas de Boston, dijo que lo salvó una beca en una universidad privada en Nueva York. Lo llaman un "estudiante internacional" y sólo le cobran el alojamiento y la comida. "Es una bendición", dijo W.G., quien habló sólo a condición de no usar su nombre
Irónicamente, sus padres le mandan mil dólares al año desde Haití para cubrir sus gastos mínimos, aun cuando huyó del país debido a la pobreza generalizada. Su padre es un abogado, pero la violencia y el desempleo son generalizados. A los 15 años, W.G. llegó a Estados Unidos por su propia cuenta con la esperanza de estudiar medicina, y se quedó cuando se venció su visa.
En Nueva York, W.G. pasa casi todo el tiempo en la biblioteca. Su presupuesto es de 25 dólares al mes, en su mayor parte para lavandería. Sólo come en los comedores comunitarios, incluso comida extra. Nadie sabe de su situación migratoria, y trata de no pensar en ello. "Te puede hacer vacilar", dijo.
Esa misma actitud impulsa a Filipe. En Brasil, su familia llevaba una vida de clase media, hasta que sus padres se separaron y su padre se mudó a 200 millas de distancia. Su madre siguió a un novio a Massachusetts y Filipe llegó buscándola cuando tenía 12 años.
Vivían en un departamento pequeño en el este de Boston, y dormían en colchones sobre cajones de leche. Ella aceptó un trabajo limpiando casas. En ocasiones, ella le dice que quiere regresar a Brasil. Eso lo enfurece. "Ni siquiera me lo menciones", dijo Filipe
Filipe ha pasado los últimos nueve años transformándose en un estadounidense, aunque no en el papel. No envía dinero a su casa y pocas veces habla portugués. La mayoría de sus amistades es estadounidense. "Me harté de que la gente dijera que no quieren ser estadounidenses", dijo. "Decidí hacer mi parte para demostrar que los inmigrantes no son alguna especie de alienígenas, que podemos ser exactamente como ellos".
En 2006, cabildeó con legisladores estatales para que aprobaran una iniciativa de ley por la cual se le permitiría pagar colegiaturas y cuotas de residente. La Cámara la rechazó. Todo el mundo le dice que espere hasta el año siguiente, y quizá cambie algo.
"Ya llevo años oyendo el año próximo", dijo. "Tuve todas las oportunidades que cualquier otro niño pero no puedo usarlas".