LA VERDAD SIGUE SECUESTRADA, POR LA
PERSECUCION POLITICA Y LA PERVERSION DE LA
JUSTICIA EN EL PERÚ
PRONUNCIAMIENTO
- Cese de las persecuciones, hostigamiento, señalamientos y asesinatos a todos los dirigentes sociales, políticos y sindicales como parte del terrorismo de Estado.
- Libertad a todos los activistas y dirigentes sociales injustamente detenidos.
- Exhaustiva investigación y juicio a los responsables de las muertes de campesinos en las protestas sociales en lo que va de este Gobierno.
- La derogación de Leyes especiales que criminalizan la protesta social, la Ley Antiterrorista, y la de Amnistía a miembros de las fuerzas Armadas acusados de Genocidio.
- Levantamiento de Estado de Emergencia en distintas partes del Perú y Desmilitarización de los territorios Indígenas y amazónicos.
- Derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y transparente.
- Aprobar una Ley de la NO prescripción de delitos de corrupción y violación de Derechos Humanos, basta de injusticia, ni olvido ni impunidad.
- Alto a la campaña mediática de descalificación y desprestigio de líderes sociales y organizaciones políticas de izquierda que realizan los medios de comunicación al servicio del Apra
- Resolver todas las demandas sociales para evitar la rebeldía popular
Finalmente manifestamos que nuestra convicción en la tolerancia democrática, en la afirmación del pluralismo político/cívico, jamás renunciara a los principios y valores de todo hombre digno y revolucionario, estamos dispuestos a dar nuestras vidas en el combate por conquistar la justicia social, la paz, el bienestar y la dignidad de todos. Hoy en esta hora crucial ningún peruano puede sentirse ajeno, si somos peruanos con moral y dignidad estamos prohibidos abstenernos de contribuir a la unidad y lucha de todos por el bienestar de todos, por cuanto todos en menor o mayor medida hemos contribuido a dibujar esta absurda realidad. La sangre derramada es un eco de esperanza arrancada del alma del pueblo, por las manos asesinas de la derecha servil al imperialismo, nuestros presos políticos deben ser liberados, nuestros mártires deben ser redimidos, nuestras viudas y huérfanos tienen derecho a ser felices….la sangre derramada no debe ser en vano, debe ser el ferviente grito de que la esperanza no ha muerto en el corazón del pueblo.
¡Paz, Justicia, Libertad y Dignidad para todos los Peruanos!
¡La Derecha nos tiene miedo porqué no le Tenemos miedo!
MDP: DIGNIDAD NACIONAL
COMISION POLITICA NACIONAL
AFÁN DE REPRESIÓN
Por: César Lévano
Nuestro diario(La Primera) ha denunciado y probado
planes de represión contra la oposición izquierdista. Los
nombres y las firmas de los represores están a la vista.
Pero, como hemos señalado antes, hay en marcha algo
mucho más grave: una estrategia represiva alentada por
grandes empresarios, en particular de la minería.
No se trata hoy de un operativo policial torpe y
circunscrito.
Lo que se busca es atemorizar, confundir y dividir a los sectores populares. El objetivo es aplastar el descontento social, suprimir toda voz crítica en los medios de comunicación social y limpiar, así, el terreno para las elecciones de 2011.
La maniobra descubierta por LA PRIMERA es una provocación. En prosa truculenta, se intenta acusar a Roque Gonzales, preso sin causa desde hace 10 meses, como jefe de una red terrorista en la que entran, en zafarrancho, Ollanta Humala; Virly Torres, funcionaria de la embajada de Venezuela; y un supuesto enlace de la Coordinadora Continental Bolivariana, Amílkar Figueroa Salazar.
De buenas a primeras, el documento policial llega a la conclusión de que todos los involucrados son terroristas, pasibles de penas de prisión no menores de treinta años.
De acuerdo con tan fervoroso deseo, Humala y sus compañeros saldrían en libertad el año 2041. Alan García tendría tiempo, entretanto, para ser reelegido por lo menos dos veces más.
La truculenta historia forjada en la DIRCOTE hace recordar el apócrifo “Documento de Rancagua” publicado en 1947. El texto pretendía demostrar que Moscú pagaba a los comunistas chilenos que se oponían a la dictadura criminal de González Videla. Sirvió para ilegalizar al PC de Chile y perseguir, entre otros, a Pablo Neruda.
En 1971 apareció otro texto falso con miras a la represión de la izquierda. Lo redactó el gusano cubano Armando Cruz Cobos, íntimo colaborador del Apra, con la ayuda de Eudocio Ravines, renegado del comunismo.
Era un escrito que pretendía que muchos peruanos recibían pagos de Cuba.
La torpeza consistió en incluir una lista de “sobornados” en que figuraban personajes que nada tenían de izquierdistas, como Francisco Miró Quesada Cantuarias, quien aparecía percibiendo cien soles de asignación. También figuraba el médico comunista José Benito Montesinos, muerto hacía muchos años.
La denuncia montada ahora por policías de bajo cociente mental debería servir, en todo caso, para desenmascarar la peligrosidad de los planes represivos de Alan García y sus ministros. Y para renovar los pedidos de que se ponga fin al injusto encarcelamiento de Roque Gonzales, sobre todo ahora que uno de sus ex compañeros de lucha, Yehude Simon, es Presidente del Consejo de Ministros.
Recordemos que detrás de todo está la incurable megalomanía de un Presidente que se cree destinado a salvar al mundo y, de paso, al Perú.
ALAN GARCIA Y LOS MILITARES DEL CRIMEN
El Apra y Alan García Pérez, constituyen una inmundicia para la salud moral del Perú. No pasa un día que no se descubra un hecho de corrupción en las esferas del gobierno. No pasa un día que la represión policial haga victimas a campesinos, trabajadores y pobladores. No pasa un día en que el hambre y la miseria aumente en el país. A todo este drama se agrega ahora los planes que tienen el gobierno de Alan García para dejar sin castigo a militares y policías responsables de brutales matanzas de cientos de peruanos. El primer vicepresidente de García, el vicealmirante Luis Giampietri, sería uno de los beneficiados de la ilegal amnistía que se prepara para dejar sin castigo a cerca de 600 criminales de guerra.
Una amplia información sobre este problema lo entrego en un articulo la periodista María Elena (Diario La Republica), que aquí reproducimos por ser de sumo interés para nuestros lectores y la opinión publica internacional.
Por: María Elena Castillo (diario La Republica).
La amnistía o el indulto propuestos para militares o policías condenados o procesados por violaciones de los derechos humanos busca ayudar a los altos mandos, que son realmente responsables de estos delitos, advirtió el presidente de la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, el comandante (r) Jorge Rivas Domínguez.
"Estos proyectos tienen nombre propio. Se están proponiendo para evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes, como el general Hermoza y el vicealmirante Giampietri, que están siendo o pueden ser juzgados por actos de violaciones de derechos humanos", dijo.
Cuestionó la propuesta de los congresistas afirmando que la verdadera intención es congraciarse con miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, haciendo parecer que se preocupan por los efectivos que están siendo enjuiciados.
"Los congresistas Mercedes Cabanillas y Gonzales Posadas han sido presidentes de la Comisión de Defensa y no han hecho nada. Y recién ahora, que el gobierno está desacreditado, están buscando acercarse a los militares", manifestó.
NO QUIEREN AMNISTÍA
Rivas sostuvo que muchos miembros que pertenecen a la asociación que preside participaron en la lucha contra el terrorismo y varios de ellos ahora están detenidos injustamente por órdenes judiciales.
Aseguró que lo que exigen es tener un proceso adecuado para demostrar su inocencia, pero no una amnistía ni un indulto.
"Ellos quieren que se les juzgue, se limpie su nombre, se reconozca su inocencia, pero que todo ello se haga rápido, con la adecuada celeridad. Ellos no quieren indulto ni amnistía, sino que se declare que son inocentes", enfatizó.
Criticó que con estos proyectos se intente poner juntos a responsables e inocentes, con el argumento de hacer justicia a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la pacificación.
"Los que sí han tenido participación en las violaciones de derechos humanos deben ser castigados. No se puede amnistiar al grupo Colina, a los que actuaron en Accomarca o en otros casos así", refirió.
Aseveró que los oficiales medios y los suboficiales solo cumplieron órdenes de los altos mandos y las directivas del gobierno, "y ahora nuevamente los quieren utilizar".
SIN PRUEBAS
Señaló que gran parte de los más de 600 efectivos militares y policiales investigados por violaciones de derechos humanos están siendo perseguidos sin pruebas consistentes, sino por la simple sindicación de presuntos testigos.
"A pesar de que no se han presentado pruebas contundentes, varios están detenidos, esperando desde hace tiempo justicia", manifestó el comandante (r) Rivas.
"Pero ellos no quieren amnistía ni indultos, sino que se les haga un debido proceso y que los magistrados evalúen de forma adecuada la situación que tuvimos que afrontar cuando estuvimos defendiendo a la patria", agregó.
ENFOQUE
Hay sentencias de la CIDH y el TC
Luis Alva Orlandini Ex presidente del Tribunal Constitucional
La amnistía y el indulto están establecidos en la Constitución, pero en este caso deben manejarse con cuidado porque hay pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH y del Tribunal Constitucional. Además, en un Estado de Derecho le corresponde al Poder Judicial impartir justicia. En los casos de terrorismo se justificó porque la justicia militar vio temas que no eran de su competencia y estábamos en un sistema autoritario. Pero ahora tenemos un Poder Judicial independiente.
Sin cifras oficiales
El informe 112 de la Defensoría del Pueblo, realizado en base a 59 casos de violaciones de derechos humanos presentados por ellos y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala que hay alrededor de 350 efectivos militares y policiales que están siendo investigados por violaciones de derechos humanos.
El informe 128 precisa que, de ellos, 160 efectivos tienen mandato de detención; sin embargo, en la mayor parte de los casos ésta no se ha concretado, pues solamente 31 cumplen prisión efectiva.
Por otra parte, están las cifras del ministerio de Defensa, que dan cuenta de alrededor de 640 efectivos investigados por estos casos, mientras que el congresista Edgar Núñez dijo que hay al menos 3 mil.
PERSECUCIÓN POLÍTICA A DIRIGENTES DE CUSCO
Oficina de Inteligencia de la PNP indaga antecedentes y situación actual de dirigentes sindicales. Propósito sería amedrentarlos para evitar críticas al gobierno.
Dirigente denunció que sindicalistas son víctimas de seguimiento.
DATO
Para Tito Lenes se trata de un intento de amendrentamiento al movimiento social que discrepa con la forma de gobierno del Apra y considero intolerante dicho accionar de un gobierno que se jacta de ser democrático.
A la persecución a los líderes opositores de parte de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), se suma ahora el seguimiento al milímetro que hace el régimen aprista contra ex dirigentes y actuales líderes de organizaciones sindicales y sociales de Cusco.
Fue el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), Wilbert Loayza, quien ayer denunció que el gobierno refuerza el reglaje a los dirigentes. Para probar la acusación mostró el oficio Nº 0116-X-Dirtepol del 07 del presente mes que fue enviado a la Dirección Regional de Educación para que ésta entidad informe sobre los antecedentes y la situación actual de ex dirigentes del sector educación.
El documento al que tuvo acceso La Primera, enviado a la DREC por el jefe de la oficina de Inteligencia de la X Dirtepol, a través del cual se le pide al director de Educación Edgar Cusihuallpa información detallada de un total de 42 docentes.
“Tengo el agrado de dirigirme (…) con la finalidad de informarnos por quién corresponda la situación actual de (42) docentes cuya relación se adjunta al presente, precisando: cargo que desempeñan, lugar donde laboran, años de servicio; asimismo indicar en forma detallada si por algún motivo fueron separados del Ministerio de Educación y/o reingresaron nuevamente a laborar como docentes”, se lee en el oficio. El dirigente sutepista mostró su malestar ante lo que consideró una campaña macartista en contra de los dirigentes que disienten con la política neoliberal del gobierno aprista. “Una vez más tenemos que denunciar al gobierno central por persistir en una campaña macartista contra los dirigentes sindicales. Tuvimos acceso al oficio de inteligencia donde se pide detalles de la situación de actuales directores, ex funcionarios de la ugel, ex dirigentes sindicales”, expresó consternado al tiempo de instar al director de la DREC Edgar Cusihuallpa que no convierte en un elemento de la red de seguimiento del gobierno.
Contra FDTC
Serían 4 oficios. Uno de ellos contiene una lista adjunta de los actuales dirigentes de la Federación departamento de Trabajadores del Cusco (FDTC) como Efraín Yépez, Martha Quispe, Bernardo Dolmos y Wilbert Loayza; otro con una lista de dirigentes anteriores y vigentes del CITE.
La reacción de dirigentes no se hizo esperar. Tito Lenes, secretario general de Construcción Civil, mostró su sorpresa ante la denuncia de su par del Sutep y considero que desde un principio el gobierno central “busca descabezar a movimiento sindical del país”.
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ PR
¡ALTO A LA ESCALADA REPRESIVA!
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