Marx tenía razón

Marx tenía razón

Germà Bel

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Decía Marx que la función del Estado era servir los intereses económicos de las clases dominantes. En esto podría acabar la aplicación de 700.000 millones de dólares de los contribuyentes.

Una cosa es hacer apostasía del libre mercado y otra muy diferente entorpecer la propiedad privada

O, al menos, es lo que se deduce de la acción del gobierno de Bush para salvar de la quiebra a los accionistas de los grandes bancos de inversión. Decía Marx que la función del Estado era servir los intereses económicos de las clases dominantes. A falta de conocer los detalles del plan Paulson, en esto podría acabar la aplicación de 700.000 millones de dólares de los contribuyentes a la compra de activos tóxicos de las empresas que reinaron en Wall Street y cuyos gestores y accionistas han gozado de enormes beneficios. Nótese que no se trata de bancos comerciales que canalizen el ahorro (escaso en EE. UU.) y los créditos del depositante medio. Éstos están mucho menos expuestos a los problemas de la banca de inversión. Además, la banca comercial de EE. UU. cuenta con una garantía de depósitos de hasta 100.000 dólares (muy superior a los 20.000 euros habituales en Europa). Por eso nadie percibe allí el riesgo de una corrida bancaria a la argentina.

En muy pocos días reputados economistas han comenzado a formular objeciones serias a lo que se entrevé del plan Paulson. Al fin y al cabo, se quiere dar liquidez a las empresas rescatadas comprando los activos que no pueden vender en el mercado. Pero para que esto tenga sentido habrá que aceptar un precio de compra muy superior al valor real de esos activos, transfiriendo por tanto muchos recursos públicos a los accionistas de las empresas de inversión. Aunque, como han propuesto economistas como Paul Krugman, si el problema es proporcionar capital público a las empresas financieras, entonces ese capital debe conllevar lo que el capital comporta: propiedad (pública). Así, si el plan sale bien, los beneficios no se quedan sólo para los que originaron el lío a causa de su codicia. Pero una cosa es hacer apostasía del libre mercado y otra muy diferente entorpecer la propiedad privada.

En España este escenario se vive con unos ingredientes locales. El objeto del deseo es el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la alianza de pedigüeños podría tener su manifiesto en lo relatado con gran claridad por el presidente de la CEOE en una entrevista reciente. Tras pedir que el ICO avale la tesorería de las empresas, precisaba que este paréntesis en la economía de libre mercado sólo debía durar hasta 2009..., si no era necesario alargarlo. Aún más clara era su visión sobre la causa de los problemas: "Si eres un emprendedor y el dinero te lo ponen fácil, lo coges" (sic). ¡Tanto tiempo creyendo que ser emprendedor implicaba asumir riesgos y tener ideas algo más innovadoras que comprar duros a cuatro pesetas! El episodio actual será fundamental en su visión de la economía para toda una generación de futuros líderes empresariales y políticos. ¿De verdad queremos transmitirles que, en el fondo, no hay problema si asumen riesgos irresponsables, pues alguien pagará?