[México] Atenco: infamia que no cesa

[Dos reportajes sobre la impunidad de los crímenes del capitalismo y la
represión contra los que luchan en México, extraídos del diario "La
Jornada"]

Atenco y Acteal, miseria de la justicia

Las nuevas sentencias impuestas por los jueces a los prisioneros de Atenco
han puesto en la picota, como ningún otro "caso" reciente, el nivel ético
del sistema judicial mexicano, al exhibir ahora su absoluta subordinación
al antojo escarmentador de un gobernador, el del Estado de México, Enrique
Peña Nieto. Lo alarmante es que este vengador de la clase empresarial y
política, punta del iceberg corporativo-delincuencial del nuevo PRI tenga
aspiraciones y posibilidades de llegar a la presidencia y restaurar al
tricolor y cosas peores.

Cómo estarán las cosas en la República que interesan más los contratos
sentimentales de los políticos con estrellas del espectáculo que el
escándalo, verdadera vergüenza, de condenar a más de un siglo en cárceles
de alta seguridad a un luchador campesino que no mató a nadie ni se robó
nada. Ignacio del Valle, con Héctor Galindo y Felipe Álvarez, recibe un
escarmiento ejemplar por atreverse a defender sus tierras generosas y
cargadas de historia. Lo mismo los diez campesinos inocentes que purgan 31
años de prisión condenados por “secuestro equiparado” en la modalidad de
flagrante mentira y ausencia de testimonios, pero bajo consigna política.
Alguien tenía que pagar la alevosía de 2002 contra el promisorio
aeropuerto de Fox y compañía.

Esto, en un país sometido a matanzas cotidianas, secuestros violentos y
avariciosos de todo tipo, feminicidios, criminalización del descontento
social, fascistización mediática, militarización. Donde ningún
“mochaorejas” o capo de alto calibre recibe el maltrato ni las condenas
obsequiadas por los magistrados a los dignos dirigentes del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra.

El silencio de la opinión pública es más ensordecedor aun que el dedicado
a la violencia e injusticia en comunidades y territorios indígenas y
campesinos del país, barrios urbanos, universidades, fronteras.

La impunidad militar quedó garantizada en Zongolica, y está en vías de
serlo en Lachivía, Oaxaca, pues resulta que los soldados que ejecutaron a
dos indígenas por la espalda (ver Ojarasca, núm 136, agosto de 2008) según
sus mandos “repelieron un ataque” de los campesinos zapotecas, del cual no
existe ninguna evidencia pues nunca ocurrió.

En este contexto se anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
atraerá el caso de Acteal, para revisar como asunto de gran prioridad los
expedientes de los paramilitares tzotziles sentenciados por la masacre de
diciembre de 1997. La decisión fue precedida por una conmovedora campaña
de revisionismo histórico de “intelectuales mediáticos” y centros
académicos afines a la derecha, preocupados ante la posibilidad de que
algunos de esos indígenas hayan sido sentenciados injustamente.

Su preocupación es plausible. Nadie debe estar preso injustamente. Llaman
la atención sus énfasis y preferencias. Invocando un humanismo que ellos
mismo no siempre dan muestras de digerir, debatieron y televisaron y se
entrevistaron entre sí para subrayar el punto.

Cuánto se agradecería que mostraran alguna vez la mitad de esa atención
humanitaria para los centenares de indígenas en todo México encarcelados
sin razón por delitos inventados y venganzas políticas. Nada más en
Chiapas, durante 2008 el gobierno debió liberar a 40 presos políticos tras
una dolorosa y nada secreta huelga de hambre, movilizaciones y sólidas
argumentaciones jurídicas. Pero estos intelectuales nunca se hicieron oír
al respecto, siendo que se hubieran dado el gusto de ser todavía más
humanitarios y coincidir con una causa que demostró ser justa. Pero nada.
Su capacidad de “justicia para indios” es limitada, selectiva, ideológica,
mercenaria.

Es a ellos que hicieron caso los jueces federales, y de salirse con la
suya, los paramilitares de Acteal serían la excepción que confirma la
regla. Por lo demás, aquí el que paga es el indio (el campesino, obrero
inconforme, luchador social y hasta los chivos expiatorios que nada más
venían por la calle y el ministerio público pasó a torcer para complacer
al jefe).

Otra cara del terrorismo de Estado.

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Presos de Atenco. Infamia que no termina

Gloria Muñoz Ramírez, San Salvador Atenco. Francisca y don Paco, padres de
Óscar, y Maribel, madre de Julio César, hilvanan relatos desgarradores del
cambio de sus vidas a partir de los días 3 y 4 de mayo del 2006, días en
que sus hijos fueron víctimas de secuestro, golpes, torturas y cárcel,
durante el operativo policiaco con que el gobierno de Enrique Peña Nieto
reprimió al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y a cientos
de personas que ni siquiera pertenecían al movimiento.

El 21 de agosto Óscar y Julio César fueron sentenciados a 31 años 11 meses
y 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado. Alejandro,
Pedro, Juan Carlos, Jorge, Adán, Narciso, Inés Rodolfo y Eduardo
recibieron la misma sentencia de más de tres décadas de encierro, mientras
que a Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, se le condenó a 45 años que
se suman a los 67 años y 4 meses previamente dictados, dando un total de
112 años y 4 meses, por el delito de secuestro equiparado en la modalidad
de autoría intelectual. Sus compañeros Héctor Galindo Goicochea y Felipe
Álvarez, presos también en el penal de máxima seguridad del Altiplano
(Almoloya de Juárez), enfrentan penas de 67 años. Por otra parte, a pesar
de las pruebas documentadas de torturas, asesinatos, violaciones y demás
vejaciones perpetradas por los cuerpos policiacos, ninguno de los
implicados está preso.

Maribel Ramos Rojas es empleada de un establecimiento Aurrerá y madre
soltera de Julio César Espinoza Ramos: “Mi hijo sólo me tiene a mí y yo
sólo lo tengo a él”. Julio tenía 18 años cuando fue detenido en la
gasolinera de Tocuila, en un retén montado por la policía durante el
conflicto suscitado en Texcoco y Atenco el 3 de mayo del 2006. “Él fue
secuestrado por esos policías y lo terrible es que ahora lo acusan a él de
secuestro equiparado, haciéndolo un preso político. Ahora ya tiene más de
20 años. Él se dedicaba al deporte y al comercio en San Pablito Chiconcuac
y le ayudaba también a su abuelita en la crianza de su ganado. No
pertenecía al FPDT… nosotros no sabíamos nada del movimiento; al paso de
las cosas nos fuimos enterando. Ahora nos hicieron parte del movimiento,
al haberlo hecho preso político. Y pues ya estamos viendo más cosas…”

–¿Cómo se encuentra Julio César?

–Cuando me habla por teléfono parece ser muy fuerte para que yo no me
caiga, pero el día que lo visité era otra persona, totalmente quebrantado,
diciendo: ¿Por qué me condenan a tantos años de cárcel? ¿Por qué estoy
aquí si no hice nada? ¿Por qué nos dan una sentencia tan grande, cuando a
los verdaderos secuestradores, los que mutilan, matan, violan, pueden
salir a la calle? Solamente nosotros por ser pobres tenemos que ver a
nuestros hijos tras las rejas. Él tenía tantas ilusiones, él se dedicaba
al futbol… En 2006 recibió un reconocimiento por ser el campeón de goleo,
y ahora sus ilusiones se ven truncadas, y todos esos sueños se quedan
detrás de esos muros de la prisión.

El ambiente en la cabecera de San Salvador Atenco es festivo. Es
septiembre y el gobierno municipal prepara la fiesta patriótica oficial. A
un costado de la plaza, en el auditorio municipal que recuerda las
batallas dadas por el FPDT en el 2001-2002 para evitar la construcción de
un aeropuerto en sus tierras, se prepara otro festejo. La gente va y viene
con tomates, chiles, hojas de maíz, carteles, tarimas, sillas y todo lo
que habrán de utilizar para dar “El Grito por la libertad”. Trinidad
Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, no para. Anda puebleando invitando a
la gente al acto y explicando casi casa por casa lo que significan las
nuevas sentencias y la urgencia de continuar la lucha.

Esta pequeña mujer forjada en la lucha con un esposo preso, una hija
prófuga y otro hijo liberado recientemente, señala que la situación actual
"nos da la pauta para más unidad. Nos estamos haciendo más fuertes".

"Pensamos que todo estaba preparado, pues la sentencia se anuncia justo
durante la reunión de seguridad y la discusión sobre los secuestros, el
narcotráfico y el crimen organizado. Toda una burla que estuvieran
hablando de seguridad, cuando al inseguridad ellos la han originado. Para
nosotros no hay seguridad; para los ricos, sí. Cómo es posible que se
atrevan a comparar a alguien que defiende la tierra y sus derechos con
alguien que secuestra, asesina, mutila, viola y demás. Tenemos derecho [a
la tierra] y tenemos derecho de defendernos", señala esta mujer campesina
de hablar pausado.

Trini, como mejor se le conoce, da cuenta del proceso jurídico "totalmente
amañado, con delitos fabricados. Es absurdo que la declaración de un
comandante la hayan generalizado para todos. Jurídicamente los abogados
han probado su inocencia, pero ellos simplemente dicen: no. Así se llegó a
esas sentencias. Es completamente político lo que estamos viviendo".

Ignacio del Valle, relata su esposa, tomó la noticia con calma. "No hay
diferencia" dijo "45 años más no hacen diferencia". Él está seguro
de que van a salir todos y desde la cárcel de máxima seguridad nos manda
ánimos.

Francisca Pacheco y Francisco Hernández son padres de Óscar Hernández
Pacheco. Sin parar de llorar un solo momento, Francisca ofrece su relato:
"El día que lo agarraron iba a ver a un familiar que estaba muy mal. Lo
agarraron en la carretera. Le pegaron, le abrieron la cabeza, la cara.
Tenemos una foto donde le están pegando, y un policía tiene una mitad de
tabicón para pegarle en la cabeza. Esto fue el 3 de mayo. Ese día pasó a
la casa. Le pregunté dónde iba y me dijo ‘voy a traer la niña...’
Estábamos desayunando, me dijo que regresaba para comer..."

Los dos padres diabéticos de más de 60 años, aunque parece que tienen más,
sufrieron doblemente la sentencia a Óscar, pues les habían notificado
verbalmente que saldrían libres en una semana. "Yo iba pasando por aquí y
oí que lanzaban cohetes desde el auditorio. Vine y me habló Trini, y me
dio la noticia. Mis hijos no querían, pero fui al penal y ahí sentí que
yo ya no era yo".

Óscar tenía 28 años cuando lo aprehendieron. Es padre de dos hijos y tres
de sus hermanos son parte del FPDT. Ni él ni sus padres participaban.
Relata don Paco: "En este tiempo hay veces que no puedo verlo, por el
trabajo. No hay dinero. Se le tiene que dejar un poco de dinero, comida, y
hacemos el esfuerzo para ir y dejarle su encargo. Y ahí son 500, 600 pesos
que se gastan nomás en un día. Imagínese, y luego sin dinero".

Con la voz entrecortada, apenas audible, Francisca lanza una pregunta que
nadie le ha respondido: "Me dicen que mi hijo es peligroso porque es
secuestrador… pero cómo va a ser secuestrador, ¿a quién secuestró?"

Antes, recuerda, "teníamos mucho miedo, no nos acercábamos al movimiento.
Creíamos que nos iban a agarrar. Pero ya no tenemos miedo. Ya fuimos al
Molino y nos rodeó dos veces la policía y yo ya no tuve miedo. Dije: si me
agarran, pues ya estaré allá con mi hijo".

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