Desde el Frente Amplio de Uruguay

 

ALTERNATIVA POPULAR 1815

ESPACIO  SOLIDARIO

–––––  FRENTE AMPLIO  –––––

BOLETÍN INFORMATIVO - AÑO VIII - No. 148                                              30 DE JULIO DE 2008

SUMARIO: 
EDITORIAL: LA RUPTURA EQUIVOCADA:

EN VEZ DE COMENZAR A ROMPER CON LA DOMINACIÓN DEL BLOQUE DE PODER,

EL GOBIERNO ROMPIÓ CON EL PROGRAMA.

COLUMNISTA INVITADO: SAMUEL BLIXEN – MEMORIAS DEL ESCUADRÓN

AGENDA: 6 DE AGOSTO – LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA PRESENTAN SU LIBRO/BALANCE

NOTICIAS: A MEJORARLA – PIDEN CAMBIOS AL PROYECTO DE OCHO HORAS PARA RURALES

PARO Y MOVILIZACIÓN EN URUGUAY – OBREROS CONTRA EL GOLPE

POR CONTAMINANTE GOBIERNO INTIMÓ A RELOCALIZAR PLANTA ARROCERA

HOSPITAL MILITAR SE RESISTE A INTEGRAR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

LA DOCUMENTACIÓN EN EE.UU. SOBRE URUGUAY NO PUEDE SER DESCLASIFICADA

COMUNICADO DEL GRUPO DE ASPIRANTES A COLONOS DE KIYÚ

OPINIÓN: JORGE AZZIZ – TIERRA Y MIGRACIÓN - NO VA A SER FÁCIL SACARNOS DE AQUÍ

LA DEL ESTRIBO LA SIRVE: EDUARDO GALEANO

NUESTRA REGIÓN ES EL REINO DE LAS PARADOJAS

ÚLTIMO MOMENTO: FRANJA 1 - EMERGENCIA HABITACIONAL

LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO: GRACIAS A LA VIDA

Redactor Responsable: Ruben ELÍAS DUTRA

EDITORIAL: LA RUPTURA EQUIVOCADA:

EN VEZ DE COMENZAR A ROMPER CON LA DOMINACIÓN DEL BLOQUE DE PODER,

EL GOBIERNO ROMPIÓ CON EL PROGRAMA.

Luego de tres años de gobierno, dicho sea con mucho pesar, no es posible sostener, que se haya impulsado un proyecto político, y de política económica diferente. A pesar de algunos cambios necesarios (MIDES, negociación colectiva y libertades sindicales), y de cierto ordenamiento y racionalización de mecanismos de gestión, el cambio esencial diseñado ya desde la constitución del FA y ratificado durante la campaña electoral, no sólo no fue encarado sino que la gestión de gobierno fue en sentido opuesto. No hay estrategia de desarrollo autónomo, tampoco canales de participación ciudadana. El Gobierno, en lo esencial, ha roto con el Programa.

Por sobre todo, ha frustrado las expectativas de participar en una epopeya democrática de construir un país de trabajo, justicia y solidaridad para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchos jóvenes, demasiados, no han dejado de emigrar o de pensar en hacerlo, pues no sienten que aquí haya espacio para ellos. Para todos los jóvenes, peor que la falta de esperanzas, es la frustración de aquellas en que se creyó y no se concretaron.

Junto con su trámite poco democrático, recorta el alcance ético y estratégico de grandes luchas del pueblo uruguayo, a las que les asigna un valor puramente instrumental y táctico. Conviven en la gestión de gobierno mensajes contradictorios. Por un lado, un enfoque avanzado de derechos humanos en seguridad interna, y en especial en una actitud rupturista en cuanto a su actuación ante conflictos de derechos (huelga y propiedad), y por otro, represión en alguna manifestación pública. A un inicio dinámico en cuanto a la reinterpretación de “la ley de caducidad” y de búsqueda de la verdad, le sigue un intento por restaurar los discursos de “punto final” y la criticada “teoría de los dos demonios”.

En lo que respecta al Estado, éste no se ubica de forma diferente en la economía. Lejos de lo que se esperaba y se detallaba en el programa histórico del FA, el Estado siguió la misma pauta en relación a de intervención en la economía. En este entendido, no cambió en su esencia, no aportó una institucionalidad diferente y tampoco mecanismos que desafiaran el bloque en el poder. Por el contrario, apuntaló la institucionalidad propia de los mecanismos mercantiles y la institucionalidad supranacional que regla el desarrollo capitalista, se crearon organismos, agencias específicas que, a pesar de algunas novedades de forma, guardan una estrecha relación con las prácticas anteriores que expresaban lo consensuado en Washington.

La inserción internacional no presenta las líneas que se desprenden del programa. Peor aún, sin que las estructuras naturales del Frente Amplio, los representantes y, mucho menos el movimiento popular, tuvieran arte ni parte, desde el Gobierno un equipo ad hoc ha llevado a cabo un proceso de subordinación a Estados Unidos, su política y su geopolítica, así como a los organismos multilaterales que la implementan.

El financiamiento de la inversión sigue recostado en la deuda y la inversión extranjera. Se esperaba, desde la lógica programática, que el gobierno tuviera una actitud más autónoma y se ubicara en otro lugar para relacionarse con la institucionalidad multilateral de crédito. Esto no fue así, las negociaciones con el FMI fueron rápidas y expeditas, la estrategia fue convalidar la deuda y cambiar los acreedores multilaterales por tenedores privados de bonos. La gestión de la deuda externa se viste de éxitos muy relativos. Disminuye hoy su peso proporcional en el producto debido al crecimiento dinámico de los últimos cuatro años y la evolución del tipo de cambio; mientras que el nuevo perfil permitió un manejo más holgado de las finanzas públicas en la coyuntura a costa de un endeudamiento mucho mayor a largo plazo. No obstante la decisión del gobierno de adelantar los pagos de deuda al FMI, los flujos de capital externo por concepto de intereses (es lo único que se paga) siguen siendo importantes y exigen una disciplina fiscal que compite con la necesidad de fondos para apuntalar al desarrollo nacional. Es posible sostener que la política de endeudamiento buceó en las condiciones favorables de la caída de tasas de interés y el crecimiento económico basado en el precio de las commodities exportadas. En contrapartida, estas alzas internacionales de precios tuvieron impactos negativos en los precios domésticos de la economía.

La política macroeconómica y de gestión de deuda fue congruente con el impulso que el gobierno le otorga a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera sigue usufructuando garantías y privilegios que la nacional no tiene. La reindustrialización de exportación se refugia en las zonas francas con nulo derrame en la economía nacional, el territorio se extranjeriza y se dinamizan las actividades productivas cuestionables para el medio ambiente, se concentran las industrias tradicionales también en manos extranjeras. La reforma tributaria, largamente esperada, no encara la redistribución positiva de los recursos económicos y tampoco abona al control nacional de las decisiones estratégicas de los más desposeídos. Los impuestos directos a los salarios y las jubilaciones y los indirectos que gravan el consumo explican la mayoría de los ingresos del Estado, mientras el patrimonio productivo y la riqueza acumulada no contribuyen a tal financiamiento. El pequeño impacto distributivo entre ingresos, se produce al interior de trabajadores y jubilados.

RESUMIENDO, las acciones del gobierno no fueron a contramano de ese modelo de desarrollo auspiciado y “vigilado” en los años anteriores por la institucionalidad internacional de Bretton Woods. Los tres ejes que se proponían en los noventa, leit motiv de la organización económica para afrontar el proceso de globalización, fueron seguidos sin claudicaciones por el gobierno actual. El Estado no fue articulador privilegiado de la economía ni participó en procesos de redistribución social de los recursos y el poder, siguió los acuerdos con el FMI bajo los mismos parámetros de antaño, a pesar de dilapidar una suma importante para quitarse la presión de la “condicionalidad estructural”, las políticas gubernamentales no se alejaron de las establecidas por tal institución.

            La inserción internacional no tuvo un mínimo atisbo de planeación estratégica, se alejó de la región y no se pudo lidiar con problemas fronterizos, se mantuvo una posición internacional de aislamiento y críticas a las posiciones latinoamericanistas. Peor aún, en contraste con el programa histórico de la fuerza política, se estrecharon lazos con la economía norteamericana y sus instrumentos neocoloniales actuales, los TLCs y sus tratados propiciantes.

            La economía doméstica siguió abriéndose, se privatizaron con garantías estatales excesivas compañías públicas en el mismo sentido que en los 90' (i.e. PLUNA), se alentó en un marco de desregulación económica la extranjerización de la tierra y complejos productivos. Esto último obliga al Estado a correr detrás de las consecuencias no queridas que genera la producción extranjera, ya sea en controversias internacionales, en impactos ambientales, en definitiva, en las condiciones de vida de la población.

REDIU (Red de Economistas de Izquierda de Uruguay) *

* El texto de este editorial constituye un adelanto/fragmento del libro de la REDIU de próxima presentación (Ver AGENDA en este Boletín).

COLUMNISTA INVITADO: SAMUEL BLIXEN – MEMORIAS DEL ESCUADRÓN

Montevideo, 24/07/08 (Brecha).- El Escuadrón de la Muerte –como genéricamente se llama a una constelación heterogénea de grupos terroristas parapoliciales y paramilitares que operaron desde mediados de 1970 hasta comienzos de 1973 bajo la dirección de los ministerios del Interior y Defensa y de la Presidencia de la República– nació en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Fue impulsado por los agentes encubiertos de la CIA –algunos con fachada diplomática, otros como asesores de la Agencia Interamericana de Desarrollo– que supervisaban la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Por lo menos cinco funcionarios policiales de jerarquía integrantes del Escuadrón estuvieron a sueldo de la CIA: los inspectores Víctor Castiglioni y Jorge Grau Saint Laurent; el comisario Hugo Campos Hermida; el oficial inspector Pedro Fleitas y el fotógrafo policial Nelson Bardesio. También colaboraban con la CIA tres civiles: el ex interventor de Secundaria y subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, el médico paraguayo Ángel Pedro Crosa Cuevas y el entonces estudiante Miguel Sofía, miembro de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), una banda fascista que desde mediados de los años sesenta realizaba sistemáticos atentados y agresiones contra estudiantes y sindicalistas.

A partir de julio de 1970, el Escuadrón adquirió otra dimensión y proyección con la formación de grupos clandestinos que centrarían sus objetivos hacia lo que se denominaba la periferia del MLN: familiares de guerrilleros clandestinos, abogados de presos políticos y activistas estudiantiles investigados por su posible vinculación con los guerrilleros. El cambio cualitativo fue la decisión de utilizar explosivos plásticos para los atentados y de concretar desapariciones y asesinatos a modo de represalia.

En setiembre de 1971, tres meses después de la desaparición del estudiante Abel Ayala, del asesinato de Manuel Ramos Filippini (cuyo cuerpo fue abandonado en unas rocas de Pocitos acribillado de 14 balazos y lacerado por múltiples torturas), y de la desaparición de Héctor Castagnetto (véase en este informe la confesión de Bardesio), el ministro del Interior del gobierno de Jorge Pacheco, el brigadier Danilo Sena, admitía explícitamente el vínculo oficial con las bandas parapoliciales. En un despacho a Washington el embajador de Estados Unidos, Charles Adair, resumía los términos de una conversación con el ministro: “Dijo que Uruguay en esos momentos estaba en guerra contra el terrorismo y que en esa lucha era necesario recurrir a todo tipo de acciones. Luego afirmó que existía una muy real posibilidad de que el MLN, a través del temor, sucesivamente paralizara y neutralizara a todos los elementos que se oponían a su intento de destruir las instituciones uruguayas. El gobierno uruguayo tenía que demostrar que el MLN no era todopoderoso y eran necesarios muchos y diferentes tipos de acción para comprobarlo”.

En diciembre de ese año un informe de la embajada estadounidense hacía un balance de la operativa del Escuadrón: “Existen serias dudas de que tales grupos hayan sido eficaces contra los tupamaros o los otros izquierdistas que constituyeron sus principales objetivos. La acción en menor escala de estos grupos distrajo la atención oficial y el esfuerzo por mejorar los programas antisubversivos de la policía normal, y a la vez despertaron cierta simpatía del público por las víctimas izquierdistas del ‘Escuadrón de la Muerte’”.

Una reflexión similar a la del ministro Sena, reproducida también en un documento desclasificado del Departamento de Estado, fue trasmitida en una conversación con diplomáticos estadounidenses por el entonces candidato presidencial Jorge Batlle. Batlle se lamentaba de que su derrota en las elecciones de noviembre de 1971 hubiera abortado un “plan” para la solución de la violencia, por lo que sólo quedaba combatir a la subversión “con sus propios métodos”.

La nueva estructura del Escuadrón exhibía, en el otoño de 1971, un nivel de decisión y de autorización de operativos que recaía en los subsecretarios del Interior y de Defensa. A lo largo de ese año ocuparon la subsecretaría del Interior el abogado Carlos Pirán, el coronel Julio Vigorito y el profesor Armando Acosta y Lara. En un nivel inferior se ubicaban los funcionarios que oficiaban de enlace: el coronel aviador Walter Machado, primero, y después el capitán de navío Jorge Nader Curbelo coordinaban con el Ministerio de Defensa. A su vez, el capitán de la Armada Ernesto Motto Benvenuto realizaba tareas de enlace del Estado Mayor Naval con la Jefatura de Policía. El inspector Pedro Fleitas, secretario del coronel Volpe (encargado por el presidente Pacheco del Registro de Vecindad), hacía de enlace con los jefes de los grupos operativos. Los jefes de departamento de la Inteligencia Policial (Castiglioni, Macchi, Campos Hermida) eran responsables de suministrar armas, explosivos, vehículos, cobertura y eventualmente personal.

El médico paraguayo Crosas Cuevas era de alguna manera el jefe operativo de varios grupos del Escuadrón. De las confesiones de Bardesio a los tupamaros surge que estaba en posición de dar órdenes al subcomisario Óscar Delega, al oficial Fleitas, al subcomisario Pablo Fontana y al propio Bardesio, quien oficiaba de coordinador entre los grupos (por lo menos tres) y el Ministerio del Interior.

Los miembros del Escuadrón se reunían en el estudio fotográfico Sichel, de la calle bulevar España, donde Bardesio revelaba las fotografías tomadas en el Aeropuerto de Carrasco de los pasaportes de viajeros con destino a Cuba, y que después entregaba a sus contactos de la CIA en la embajada estadounidense. Una casa de la calle Araucana, en Carrasco, alquilada por el Ministerio del Interior, era otra base de operaciones del Escuadrón, regenteada por el paraguayo Crosas y Miguel Sofía. Algunas reuniones se efectuaron en el apartamento del embajador de Paraguay en Montevideo, en el edificio Panamericano, mientras que las instalaciones del Club Naval servían para sesiones de entrenamiento de miembros del Escuadrón.

Desde el Ministerio del Interior se desarrollaron los contactos con aparatos de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay, con vistas a obtener apoyo para los grupos parapoliciales. Pirán –quien expresamente encomendó a Bardesio la formación de un grupo operativo que después se conocería como Comando Caza Tupamaros– negoció con la SIDE argentina el desplazamiento de cuatro policías que realizarían entrenamiento en el uso de armas y explosivos. El acuerdo se tejió directamente entre el presidente Pacheco y el general Roberto Levinston, que había sucedido en la presidencia argentina al general Onganía. Uno de los policías que recibían los cursos, Nelson Benítez Saldívar, reveló que en el ínterin Levinston fue desplazado por el general Alejandro Lanusse, lo que generó inquietud respecto de la suerte que podrían correr los “estudiantes” en Buenos Aires. Benítez contó que a los pocos días fueron informados: “No se preocupen que hoy Lanusse confirmó el curso con el presidente Pacheco en comunicación directa”. Los contactos con Brasil fueron realizados por el comisario Campos Hermida por orden del subsecretario Acosta y Lara. Por lo menos dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia se trasladaron a Brasil; ambos participaron en el asesinato de Castagnetto.

OTRAS APOYATURAS.

La embajada estadounidense en Montevideo tenía una visión más general: un documento de diciembre de 1972 hacía un balance de “la asistencia de terceros países en seguridad interna”. Los asesores (el capitán Morgan, el coronel Kerr y teniente coronel Haynes) se manifestaban incapacitados para estimar el monto de la “asistencia abierta” que las fuerzas policiales y militares uruguayas recibían de sus vecinos, aunque suponían que, “en todo caso, no es ni grande ni decisiva para los esfuerzos antiterroristas de la Fuerzas Conjuntas”.

El mayor volumen de ayuda consistía en el suministro de municiones, armas cortas, gases lacrimógenos, y equipo de transporte y comunicaciones, e involucraba “varios millones de dólares”; pero la principal ayuda “es el entrenamiento en las escuelas militares argentinas, así como en las de Brasil y España”.

Junto con la asistencia abierta –afirmaba el documento desclasificado por el Departamento de Estado– “hay también evidencia de que Argentina, Brasil y quizás Paraguay hayan dado alguna clase de soporte para los grupos uruguayos clandestinos antiterroristas. Tal ayuda no ha llegado a través de los canales militares regulares, pero sí a través de las respectivas agencias de seguridad en los dos países, el Servicio de Información del Estado (SIDE) de Argentina, y el Servicio Nacional da Informação (SIN) de la Policía Federal de Brasil”. El informe evaluaba que debía existir una “variedad de grados de coordinación en inteligencia” entre los servicios uruguayos y los de los vecinos.

Esta clase de “asistencia” encubierta desde Argentina estuvo “limitada al entrenamiento de unos pocos oficiales”. En cambio, afirma el documento, “los brasileños entrenaron a militares y policías uruguayos vinculados a grupos antiterroristas que pusieron bombas, secuestraron y hasta mataron a sospechosos de ser miembros de grupos terroristas de la izquierda radical”.

LAS ACCIONES.

Ciertas armas y los explosivos plásticos llegaron a Montevideo por valija diplomática desde Brasil y fueron usados en el rosario de atentados que jalonaron la campaña electoral de 1971. Además de las decenas de atentados contra los locales de los comités de base del Frente Amplio, y contra las sedes de los partidos que lo integraban, un blanco predilecto del Escuadrón fueron los abogados defensores de presos políticos. Arturo Dubra, Dellacqua, Alejandro Artuccio y María Esther Gilio sufrieron atentados reiterados que destrozaron parcialmente sus casas. Profesores de enseñanza secundaria fueron objeto sistemático de atentados con bomba, así como editoriales, librerías e iglesias. Entre comienzos de 1970 y comienzos de 1972 se contabilizaron más de 200 atentados, 54 sólo entre noviembre de 1971 y marzo de 1972. Ni uno solo de esos hechos fue investigado por la Policía. Ningún responsable fue identificado.

Por lo menos en dos ocasiones el Escuadrón intentó asesinar al candidato presidencial del Frente Amplio, el general Liber Seregni, durante las giras de campaña electoral. Una emboscada planificada en Rivera logró ser eludida cuando la dirección del Frente Amplio cambió el recorrido de la caravana a último momento, gracias a un alerta. En Castillos la caravana fue tiroteada y en el tumulto durante un acto murió un joven de un disparo.

Otro asesinato planificado por el Escuadrón sucedió el 28 de febrero de 1972 y al parecer fue una respuesta directa al secuestro de Bardesio, ocurrido tres días antes. El cuerpo del estudiante Íbero Gutiérrez, de 22 años, fue abandonado en un baldío a pocos metros de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla; exhibía fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado un cartel decía: “Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros”.

El 14 de abril de 1972, en función de las confesiones de Bardesio, los tupamaros desataron una violenta acción de represalia y simultáneamente enviaron a diversos legisladores los casetes con los interrogatorios al fotógrafo policial, trascripción conocida como “las actas Bardesio”. Una mayoría parlamentaria prefirió ignorar las evidencias sobre la existencia del Escuadrón de la Muerte. De todas formas, los grupos paramilitares y parapoliciales dejaron de operar. Las Fuerzas Armadas ocuparon su lugar, y a partir de la declaración del estado de guerra interno desplegaron los mismos métodos pero en una dimensión superlativa, configurando el terrorismo de Estado que implicó la violación sistemática de los derechos humanos durante más de una década.

AGENDA: 6 DE AGOSTO – LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA PRESENTAN SU LIBRO/BALANCE

El miércoles 6 de agosto a las 19 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República, Avenida 18 de Julio 1824, la REDIU (Red de Economistas de Izquierda – Uruguay) presenta el libro:

50 años de lucha; 3 años de gobierno

El necesario golpe de timón

El pueblo recuperará su programa

NOTICIAS: A MEJORARLA – PIDEN CAMBIOS AL PROYECTO DE OCHO HORAS PARA RURALES

Montevideo, 25/06/08 (La Diaria).- Una mesa de trabajo interdisciplinaria divulgó ayer una declaración para exigir modificaciones al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que regula la jornada laboral y el régimen de descanso en el sector rural. El pronunciamiento “a la opinión pública y el Parlamento” marca que el proyecto que estudia la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados es “confuso en su redacción” y puede generar “dispares y contradictorias interpretaciones” en su aplicación.

Uno de los principales cuestionamientos de los especialistas es que la norma tal como está “dispone para decenas de miles de trabajadores un trato diferente respecto a lo que es la regla general, lo que no se funda en razones productivas ni económicas”. La declaración señala que los objetivos del Poder Ejecutivo son “loables” -en otro pasaje también “reconocen” la incorporación en 2005 de los asalariados rurales a la negociación colectiva-, pero una ley con estas “dificultades de contralor” en definitiva “no es una buena ley”.

Ya adhirieron al documento el director del Instituto Nacional de Colonización (INC), Yerú Pardiñas; el ex ministro del Interior José Díaz (que supo asesorar a la UTAA de Bella Unión); el pro rector de Extensión Universitaria, Humberto Tommasino; el decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold; el pro rector de Investigación de la Universidad de la República, Gregory Randall; la directora del programa Ápex, Susana Rudolf, y el encargado del departamento de salud ocupacional de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina. También lo hicieron el PIT-CNT, FUCVAM, la comisión preparatoria del Segundo Congreso del Pueblo, el director de posgrado de la Facultad de Derecho, Osvaldo Mantero, y varios técnicos (en su mayoría ingenieros agrónomos y veterinarios) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), uno de los redactores del proyecto de ley junto al Ministerio de Trabajo.

Los firmantes se oponen a que el proyecto legislativo establezca una jornada máxima de ocho horas “con carácter general”, pero “a renglón seguido” plantea que los trabajadores de la ganadería y la agricultura de secano (en total unos 60.000) cobren extras después de la novena hora de trabajo. La propuesta del Ejecutivo estipula que la novena hora trabajada pase a una “bolsa” que termina generando una compensación trimestral con horas de descanso.

“El proyecto no sólo se aparta del régimen general, sino que resulta impracticable en la medida que exige al peón de estancia que lleve un registro de las horas trabajadas en el trimestre [...] en la mayoría de los casos, el efectivo cumplimiento de la ley reposaría en la voluntad patronal o en un enfrentamiento personal entre el trabajador y el patrón”, advierten.

Los especialistas consideran que la ley debería proponer “instrumentos idóneos” para que sus alcances “se conozcan” entre trabajadores y empleadores, así como prever “mecanismos de contralor eficaces” para respetar las “particularidades del sector” sin convertirse en “letra muerta”.

En definitiva, los firmantes sostienen que el proyecto “puede y debe ser mejorado” por los parlamentarios, que tienen en sus manos la posibilidad de “contribuir a la construcción de ciudadanía” del asalariado rural, que ha estado “históricamente ausente” en el imaginario social y excluido del “país productivo y con justicia social del que tanto se habla”.

RONDA DE APORTES

Mientras el documento se presentaba en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, a pocos metros, en el edificio anexo, una delegación de las cámaras empresariales (Federación Rural y Asociación Rural) visitaba la Comisión de Legislación del Trabajo, que ya aprobó en régimen general la normativa que limita la jornada laboral.

“Fue una reunión muy cordial, en la que recibimos sus argumentos acerca del proyecto. Estamos en una etapa de recibir los aportes de todos los actores del sector, que tiene sus particularidades y que resulta muy compleja”, dijo a la diaria el diputado Juan José Bentancor (Vertiente Artiguista).

Según expresó, aún es posible introducir cambios en el articulado del proyecto y eso dependerá de los insumos que vayan generando los visitantes a la comisión. En ese sentido, está previsto que el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) concurran a ese ámbito antes de la discusión del articulado en particular. El 18 de junio, representantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) llegaron hasta el Parlamento y también hicieron referencia a la limitación de la jornada laboral.

Ese día, el presidente de la gremial, Tabaré Aguerre, recordó que el régimen de ocho horas en el sector del arroz está vigente hace más de veinte años, y que las horas extras y los feriados están regulados “como en cualquier sector”, es decir, que la novena ya se paga como adicional. “Lo que le ocurre a la actividad agrícola arrocera no es diferente de lo que le puede pasar a cualquier otra actividad”, sentenció el dirigente arrocero.

Lucas Silva

PARO Y MOVILIZACIÓN EN URUGUAY – OBREROS CONTRA EL GOLPE

Desde Montevideo, 28/07/08 (Página/12).- En el 35º aniversario del golpe de Estado uruguayo, el movimiento obrero cargó contra el sector empresarial. “Es hora de reconocer su error histórico de haber apoyado la dictadura. Todavía están a tiempo”, pidió Luis Puig, el dirigente de la central obrera PIT-CNT. La convocatoria obrera incluyó un paro parcial y una movilización de miles de manifestantes hacia la sede de la Asociación Rural, donde se realizó el acto conmemorativo.

“Aquel 27 de junio las cámaras empresariales, la Asociación Rural, la Cámara de Industria y de Comercio hacían cola para saludar a los golpistas”, sostuvo Puig. Bajo la consigna “Mejor y más distribución de la riqueza, más democracia”, el PIT-CNT dispuso un paro que finalizó este mediodía. En tanto, el gremio de docentes del sector privado paró 24 horas y el del transporte adhirió sin cese de actividades.

Durante la jornada, la central obrera proclamó el 27 de junio Día por la Anulación de la Ley de Caducidad. El PIT-CNT y organizaciones humanitarias redoblaron su campaña de recolección de firmas para anular la norma. La medida, en vigencia desde 1986, impide, salvo excepciones, juzgar a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Durante el evento, la central obrera cuestionó un acto de reconciliación promovido por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. “Hoy es el verdadero día del Nunca Más al terrorismo de Estado. A no equivocarse más con las fechas”, dijo Puig en alusión al 19 de junio. Desde hace dos años el gobierno elige esa fecha, día del nacimiento del prócer José Artigas, para organizar su acto del Nunca Más, en el que busca reconciliar a las partes enfrentadas en esos años.