[Venezuela] Luchas obreras a contracorriente

El desenlace del conflicto entre los trabajadores de Sidor y la
transnacional Techint ha puesto de relieve nuevamente el protagonismo de
la clase trabajadora en el proceso revolucionario venezolano. Los
trabajadores tuvieron que enfrentar la persecución judicial de varios de
los directivos de Sutiss, las maniobras del Ministerio del Trabajo para
crear un sindicato paralelo, y luego para establecer una junta tripartita
de arbitraje; la represión de la Guardia Nacional, y una intensa campaña
mediática que no distinguió entre medios privados y oficiales. Finalmente,
la tenaz resistencia de los trabajadores dio sus frutos, y el gobierno
nacional optó por asumir el control de la siderúrgica.

El proceso revolucionario venezolano se ha caracterizado por una relación
contradictoria entre el gobierno y el movimiento obrero, como en el
ejemplo de Sidor. El movimiento ha sido protagonista de logros
importantes. Tuvo un papel importante en la derrota del golpe de estado
fascista y, sobre todo, en el triunfo sobre el sabotaje petrolero. Luego
de estas gestas, ha consumado una rebelión histórica contra la burocracia
sindical representada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela,
sumida en el desprestigio por su compromiso con el golpismo fascista. De
este proceso surgió la Unión Nacional de Trabajadores, bajo banderas
clasistas y de autonomía. Lamentablemente, las corrientes de la nueva
central más cercanas al gobierno, aquellas cuyos dirigentes son diputados
a la Asamblea Nacional o han contado con el ministerio de José Ramón
Rivero, han asumido una política contraria a la autonomía sindical,
llegando a dividir y paralizar completamente a la nueva central. El
reciente anuncio del diputado Oswaldo Vera, de la creación de una nueva
central, es apenas un episodio más en una larga cadena de ataques a la
UNT. El nombramiento del nuevo Ministro del Trabajo, Roberto Hernández, y
su promesa de impulsar una constituyente sindical, hace eco de llamados
similares efectuados por la corriente CCURA y los dirigentes clasistas
ante la crisis de la UNT.

Luego de los paros patronales de los años 2002 y 2003, algunas de las
empresas en conflicto fueron abandonadas por sus propietarios, como parte
de la estrategia política de la burguesía. En algunos casos, los
trabajadores respondieron tomando las fábricas. El caso más emblemático es
el de Sanitarios Maracay, una de las fábricas de piezas de baño más
importantes de Latinoamérica, que fue la primera puesta a producir bajo
control de sus trabajadores. La larga lucha en contra de una empresa que
violó impunemente los derechos de los trabajadores y dejó a más de cien de
ellos lesionados de la columna, desembocó en la toma obrera de la fábrica
en noviembre de 2006, luego de que la empresa se negara a pagar las
utilidades y abandonara la fábrica. Seiscientos trabajadores participaron
en la autogestión de la empresa. Los dirigentes del sindicato y el comité
de fábrica exigían la expropiación de la fábrica, pero no para convertirse
en propietarios o copropietarios, sino reivindicando la propiedad estatal
de la empresa y su administración bajo control obrero. Al cabo de nueve
meses de autogestión y movilización, durante los cuales el comité de
fábrica logró sortear una serie de dificultades, desde problemas para
adquirir la materia prima hasta un ataque brutal de la Guardia Nacional en
abril de 2007 que dejó como saldo varios heridos; la alianza de burócratas
y patronos logró imponerse el 10 de agosto, cuando un grupo de empleados,
actuando como brazo de la patronal, tomó la fábrica, expulsando al
sindicato y disolviendo el comité de fábrica. Esta medida fue propiciada
por el Ministerio del Trabajo, quien declaró que la empresa carecía de
valor estratégico, desestimó la recomendación de la Asamblea Nacional de
expropiar la fábrica, e incluso estableció una mesa de negociación con el
empresario y los empleados más allegados a la patronal, reclamando la
entrega de la fábrica a cambio del pago de los pasivos laborales. Los
trabajadores que se acogieron a la fórmula de acuerdo propuesta por el
ministerio, terminaron cobrando alrededor del 10% de la deuda original.
Cinco meses luego del desalojo, setenta obreros iniciaron la producción en
una de las plantas de la empresa, Saniplástica, y se mantienen hasta el
presente día en pie de lucha, bajo dignas banderas revolucionarias.

La fábrica de válvulas Inveval constituye el único ejemplo de una empresa
bajo propiedad estatal y control obrero en Venezuela, luego de que sus
trabajadores conquistaran esta fórmula democrática de gestión, al cabo de
años de lucha. Desde que el gobierno lanzara la consigna de "Fábrica
cerrada, fábrica tomada", han sido muchas las empresas en conflicto en las
que los trabajadores han reclamado la estatización ante los atropellos de
los capitalistas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el gobierno
ha actuado de acuerdo a la fórmula aplicada en Sanitarios Maracay,
favoreciendo sus relaciones con la llamada "burguesía nacional". Un
ejemplo patético es el de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de
Mérida. La planta, construida con el fin de segregar y reciclar los
desechos sólidos de cinco municipios de ese estado andino, fue adjudicada
en concesión a la empresa privada Sincreba. Al cabo de algunos meses, los
130 trabajadores pasaron a ser subcontratados por una cooperativa, y
ganaban un pago a destajo menor al salario mínimo, sin seguridad social ni
condiciones de higiene laboral. El 22 de septiembre de 2007, los
trabajadores tomaron la planta y comenzaron a gestionarla directamente.
Durante las primeras semanas la autogestión fue exitosa, pero al cabo de
este corto tiempo la empresa empezó a sabotear la producción, cortando el
suministro de agua y sitiando la planta con grupos armados. Pese a retirar
la concesión a Sincreba, las autoridades de las alcaldías responsables de
la planta, lejos de brindar protección a los trabajadores y a la propiedad
pública, permitieron la libre acción de los grupos armados. El 19 de
noviembre, una operación conjunta de mercenarios y fuerzas policiales
desalojó la toma obrera y culminó con el saqueo de la planta por parte de
la empresa.

Estas experiencias de control democrático de los medios de producción han
planteado retos a cuya altura no han estado la burocracia gubernamental ni
los partidos de izquierda. Y son precisamente las luchas que nos muestran
el camino a transitar para la construcción de una sociedad libre de
explotación. El futuro de las luchas obreras en Venezuela nos dirá si
logramos avanzar hacia el socialismo.

Simón Rodríguez Porras

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