[Perú] Balance de las luchas populares y la reacción d el Estado asesino

Sobre la consolidación del modelo neoliberal y la represión al avance popular

El Perú atraviesa una dura crisis tanto en el plano social como política,
lo que trae desde luego, una crisis económica que ya se deja sentir a lo
largo del territorio.

Pues afrontamos una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos
por parte de un gobierno prepotente y autoritario que no ha reparado en
aplastar del modo que sea las disidencias sociales y los aires de
rebeldía, ya sea por los medios de incomunicación al servicio del poder
que se han ofrecido una vez más como ventana para lanzar dardos contra el
movimiento popular en general en cuanto a las luchas de los campesinos de
Ayacucho y los pobladores del Cuzco que luchan contra las privatizaciones
de los atractivos turísticos de la zona y por defender sus patrimonios, lo
que les ha valido calificativos como "vándalos", "agitadores" y otros de
peor calibre por parte del presidente Alan García, tan cínico, déspota y
fascista como siempre.

Hemos sido testigos de las jornadas de lucha protesta de febrero en el
interior del país contra las políticas económica que se vienen aplicando
en nuestra región, contra el alza en los productos y en el costo de vida,
contra la represión indiscriminada contra los sectores más pobres de la
sierra y la amazonia y contra las medidas y leyes anti-populares que
arremeten desde los poderes del estado, en resumidas cuentas han sido
luchas contra el estado y el modelo capitalista que se han manifestado a
través del Paro Nacional Agrario y que una vez más ha desnudado la
violencia estatal en contra de los justos reclamos populares.

El Paro Nacional Agrario convocado por la Junta Nacional de Usuarios de
los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) y las Centrales Campesinas
realizados el lunes 18 y el martes 19 de febrero, cuyas reivindicaciones
se centraban en la Revisión y Modificación del Proyecto de Ley de Aguas
por su carácter privatizador, así como contra la privatización de las
tierras de las comunidades campesinas y nativas, había dejado hasta el día
miércoles 20, a cuatro campesinos muertos por las balas de la policía
nacional, como afirman los propios campesinos que han defendido sus
medidas de lucha frente a la opinión pública.

Rojas Roca, Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, fueron las
victimas de la represión de las fuerzas policiales quienes al parecer
tenían órdenes de despejar las carreteras a cualquier costo. Los tres
tienen impactos de bala en el cráneo. El primero de ellos murió en
Barranca el lunes. Pariona y García fueron ultimados en Ayacucho el
martes. A estas muertes debemos sumar la de un poblador de Caylloma que,
huyendo de la represión y los gases lacrimógenos, cayó por un barranco.

El mismo Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en un comunicado emitido
a raíz de los violentos sucesos señalan que el "(...)19 de febrero, cuando
se venía desarrollando el Paro Agrario en nuestra Región, (...) se venían
movilizando los campesinos en pie de lucha, cuando fueron atacados por
efectivos policiales, quienes haciendo uso de sus armas de reglamento,
dispararon a quema ropa a los marchantes, con objetivo directo a la
cabeza, ocasionando la muerte instantánea de los hermanos campesinos Rubén
Pariona Camposano y Emilio García Mendoza, pertenecientes a la comunidad
de Suso del distrito de Quinua."

En medio de la violencia social desatada en el marco del Paro Agrario, el
Premier Jorge del Castillo invocó a los fiscales a actuar "con firmeza" y
a "no ser complacientes" contra los que llaman "elementos vandálicos", los
"grupos de agitadores". Por el contrario, a los policías nadie les ha
dicho nada porque finalmente ellos están cumpliendo su deber: proteger el
"orden público" y la "gobernabilidad". Pese a que el día martes 19 la
congresista Fabiola Morales, Presidenta de la Comisión de Ética del
Congreso denunciaba a la prensa nacional, la actitud reprochable de la
policía al actuar sin contemplaciones contra los campesinos ayacuchanos y
manifestó que se denunciará ante las instancias necesarias a estos "malos
efectivos policiales por algunos excesos"

Se ha señalado que el gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha
respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de
Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al
Ejército lo cual ha resultado en los hechos, una provocación clara a las
demandas populares incrementado la violencia que ha sido usado por
sectores de la prensa para desprestigiar a los campesinos.

Sin embargo, debemos resaltar que ese mismo gobierno difunde mensajes de
democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer
a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la
concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de
tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen
valer sus derechos son reprimidos y judicializados.

Según Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina
de Organizaciones Andinas CAOI, "este accionar represivo se enmarca en el
acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de
cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan
las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta,
por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido
los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas
que serán presentadas al Tribunal Constitucional".

Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos
legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e
indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de
terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los
efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso
y amenazas permanentes a sus dirigentes.

Paro Nacional Agrario: el gobierno en acción contra el pueblo


Amparados en el Decreto Legislativo Nº 982, emitido por el Gobierno
Central, las Fuerzas Policiales hicieron uso de sus armas de reglamento,
disparando contra la población indefensa, ocasionando la muerte de
manifestantes, asesinados vilmente con cargo a quedar en la impunidad y en
el olvido. Estos crímenes no son casualidades ni hechos aislados ni
producto de excesos de las fuerzas policiales, ya que estas muertes
ocurrieron bajo la misma modalidad en Arequipa y Barranca, lo que permite
inferir que fueron ordenes del Gobierno Central a través del Ministerio de
Interior, implementando la política de criminalizar, penalizar y reprimir
la protesta del pueblo, declarando inimputables a los culpables de estos
crímenes, lo que significa la legalización de la impunidad de estos hechos
que atentan contra la vida y dignidad de nuestro pueblo.

Por su parte, Alan García Pérez, irresponsablemente está confundiendo a la
opinión pública, señalando que "Los responsables de las muertes producidas
son los pseudos dirigentes y agitadores extremistas", con la clara
intención de ocultar a los verdaderos responsables de estos asesinatos,
quienes son las Fuerzas Policiales. Estas versiones que vienen siendo
repetidas por el Ministro del Interior, usando a medios periodísticos
serviles al Estado que tergiversan la verdad de los hechos y las
declaraciones de los dirigentes populares, lo que significa que todo
obedece a una estrategia del gobierno para desarticular las organizaciones
del pueblo que vienen reclamando sus justas demandas.

Sobre las versiones que desde el gobierno peruano en complicidad con los
aparatos de desinformación se han vertido son que las muertes en el paro
agrario mencionado no han sido causadas por las fuerzas policiales, sino
por los mismos campesinos (¡vaya ironía!). Ésa es la versión del Ministro
del Interior, Luis Alva Castro ante el Congreso de la República. Para
"demostrar su verdad", el ministro aprista exhibió fotografías de los
manifestantes donde él dice identificar un arma "hechiza" en manos de un
"delincuente terrorista infiltrado entre los manifestantes". Sí claro,
cómo no.

Entonces solo dentro de este Paro Nacional se han podido registrar 6
MUERTOS, 420 HERIDOS y 350 DETENIDOS. Unas cifras escalofriantes si
consideramos el carácter "democrático y social" con que se presenta ante
el mundo el gobierno aprista. Ante esto podemos deducir que el rostro
genocida y violento de García Pérez y su camarilla aprista, no ha cambiado
en nada respecto al gobierno del 85-90 con asesinatos, desapariciones,
violaciones de derechos humanos, etc., en su haber.

Es necesario recalcar una vez más que aquí estamos hablando ya no solo de
represión policial o resguardo de la paz social en un país o zona de
convulsión, sino que estamos hablando de asesinatos a mansalva, a sangre
fría y por la espalda a comuneros desarmados e indefensos que solo
protestaban por sus justos derechos. De lo que se trata, es de denunciar
una vez más el Terrorismo de Estado que estamos viviendo. Y no solo
denunciar, sino que crear conciencia y memoria histórica para organizarnos
y plantarle cara a este Estado pro-imperialista y enemigo del pueblo, pues
no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las muertes de estos
campesinos pobres queda impune, mientras los pueblos indígenas de la
amazonia están siendo expulsados de sus tierras para que estas sean
vendidas al mejor postor transnacional (solo recordemos que semanas atrás
el presidente peruano se paseaba por Europa promocionando nuestra selva
para su pronta venta), mientras las otras provincias del país que acataron
el Paro son castigados y perseguidos, mientras el avanzada privatizadora
de la educación en el Perú arremete sin piedad.

En Cuzco también se lucha y resiste


Este año está siendo llamado el año de las "Cumbres Mundiales" de manera
pomposa e irónica. Sin duda estas cumbres de jefes de estado y hombres
poderosos del mundo, quieren expresar la consolidación de la imposición
del modelo neoliberal en el Perú, pero mostrándonos su alcance global y
que quede claro que el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, es
también social, cultural y político. Y su consigna principal es: "Todo el
poder a las transnacionales, todo para las ganancias de las grandes
empresas y las élites políticas que les sirven". Desde los recursos
naturales hasta el patrimonio cultural, los alimentos, las medicinas, todo
entra en esa (i)lógica. Sin importar que estas ganancias perjudiquen a los
pueblos indígenas, a los proletarios, a los agricultores pobres, a los
pequeños comerciantes, a la misma naturaleza. Perpetúan la sociedad de
clases y la división entre dominadores y dominados, entre ricos y pobres,
se crea un ambiente donde ser libre es estar acosado, perseguido,
silenciado, golpeado y encarcelado y la democracia significa
autoritarismo, fascismo, violencia, muerte y destrucción.

Sin embargo, así como parece consolidarse este modelo excluyente,
antipopular y empobrecedor, en el Perú; diversos sectores populares
avanzan en su organización y van resistiendo cada vez más. Es cierto,
todavía demasiado dispersos, fragmentados en demandas que parecen
particulares, pero sin embrago como vemos, exigen cada vez más una
articulación no sólo de los diversos sectores, sino también más allá de lo
local y lo regional. Esto para los libertarios no solo significa un buen
síntoma de avance popular, sino que se avizora como terreno fértil para
las luchas organizadas desde abajo y sin tregua contra nuestros enemigos
de clase.

Es en este contexto que las luchas del pueblo del Cusco se hacen justas.
Pero, al igual que en otros lugares, no basta la lucha reivindicativa y
parcial, confrontada sólo contra la dinámica del gobierno, sino que debe
enfocar al Estado y al Capital en si.

Ahora, frente a la ola privatizadora de patrimonios en todo el Perú que
arremete contra el Cuzco y contra toda la Amazonía con la denominada "Ley
de la Selva", para quitarle sus tierras y propiedades a las comunidades
indígenas y pueblos originarios y venderlos al mejor postor transnacional.

El pueblo cuzqueño ha respondido con huelgas, paros, toma de locales y
bloqueo de carreteras para hacer sentir su clamor popular, teniendo como
única respuesta la agresión verbal y policial del estado que ha decidido
quitar a Cuzco como sede del APEC a realizarse en el Perú durante el mes
de noviembre, pues le temen al desborde popular y saben que protestas como
esta es una mala imagen para nuestro querido país, frente a ello el
presidente ha decidido borrar del mapa financiero a esta región que atenta
contra sus planes de mercantilización de patrimonios culturales e
históricos.

En medio de este panorama surgen preguntas para el campo popular y
socialista en general y que como libertarios también nos hacemos parte de
estas interrogantes: ¿Cuál es nuestra alternativa a la privatización del
patrimonio? ¿Sólo que quede en manos del Estado o como en otras regiones
andinas o experiencias históricas podemos avanzar hacia la autogestión
social y democrática de los mismos por parte de los pueblos y las
comunidades involucrados en estos hechos, para que estas se beneficien?
¿Es posible tener una agricultura sostenible, libre de alimentos
transformados genéticamente y soberana frente a los negocios de las
trasnacionales y frente a la mano autoritaria del estado? ¿La democracia
sólo implica votar cada cinco años para que después los elegidos hagan lo
que les da la gana? ¿Es ese el modelo que planteamos los comunistas
libertarios o luchamos por la destrucción de toda relación mercantilista,
excluyente y competitiva como parte de las estructuras capitalistas?

Panorama general y perspectivas de lucha popular y libertaria


Las luchas del pueblo oprimido tienen fuertes costos. Varios de nuestros
hermanos campesinos que participaron en el Paro Agrario han sido
asesinados por este criminal gobierno, porque ellos nos temen. Por eso
criminalizan la protesta, y le han dado carta blanca a los policías y
militares para disparar a la gente. Por eso sus medios de comunicación
pretenden pintarnos como irracionales, como delincuentes.

Tampoco podemos dejar de citar una vez más que la estupidez del ministro
Alva Castro nos hace recordar a las épocas de la dictadura cívico-militar
de Fujimori y Montesinos, sobre todo cuando la congresista fujimorista
Marta Chávez alegaba que los cadáveres hallados en las fosas comunes de
Vitarte eran restos arqueológicos. Y cuando entre los restos humanos
calcinados apareció el llavero de un estudiante universitario, Marta
Chávez no supo qué decir. Ahora dicen que las balas asesinas provinieron
del lado campesino y que los policías fueron agredidos por estas hordas
violentistas.

Hoy no es diferente la situación. Podemos afirmar que el presidente
aprista Alan García, gran socio del ex dictador Fujimori (¿a quien le
quepa la menor duda?), inició su segundo gobierno prometiendo un gran baño
de sangre para preservar el principio de autoridad (ver Qhispikay Nº 3).
Al día siguiente de juramentar, estaba pidiendo la pena de muerte para
violadores y terroristas. En agosto del año pasado, dictó decretos para
que las fuerzas armadas y fuerzas policiales pudieran hacer uso de sus
armas cuando les diera la gana y disparar contra población civil sin
consecuencias judiciales. También en sus decretos penaliza la toma de
locales y bloqueos de carreteras, criminalizando la protesta popular. En
pocas palabras, fascismo puro y duro.

Paralelamente y en el mismo día en que la los sindicatos de la capital
salen a las calles a manifestarse en apoyo a las luchas populares,
regionales y a los gremios en conflicto, en el mismo día de las
declaraciones increíbles de Alva Castro, el sicario del Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE) Santiago Martín Rivas (jefe del grupo
paramilitar "Colina") declara en el juicio a Fujimori que el escuadrón de
aniquilamiento paramilitar del que era jefe, jamás existió. Que sus
declaraciones filmadas por el periodista Humberto Jara, en donde reconoce
su autoría en crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad del ex
dictador, eran "ensayos" entre él y Jara para prepararse a un futuro
juicio. Ahora el jefe de sicarios ensaya cómo dejar bien librado a
Fujimori, con la anuencia del tolerante juez César San Martín Castro y de
fiscales inoperantes, ¡que tal descaro! Lo peor es el orden de aparición
en TV: cada vez que un asesino de la dictadura es interrogado por el
abogado del dictador, goza de toda la mañana para ser televisado. Una vez
que la fiscalía inicia su interrogatorio, la trasmisión gratuita va
culminando; y acaba sorpresivamente, casualmente, milagrosamente cuando va
a interrogar al asesino el abogado de la parte civil. Ya gozó de este
beneficio otro asesino (Pichilingue) y seguidamente le ha tocado la misma
facilidad al criminal Martín Rivas.

Es decir vivimos en medio de una bazofia total, donde el juicio que se le
sigue al ex dictador Fujimori demora una eternidad y con toda la comodidad
del caso, mientras en las calles se balea y tortura quienes piden pan y
libertad.

Entonces podemos concluir que el asesinato y la mentira, cuando proceden
del Estado, gozan de absoluta impunidad en el Perú y se le llama orden y
democracia. La democracia burguesa es complaciente con los asesinos de
uniforme ahora y siempre. La democracia burguesa es tolerante con el ex
dictador Alberto Fujimori, a quien siguen llamando ex -presidente. Por eso
tenemos un ministro que miente acerca del Paro Agrario, inculpando a los
campesinos por sus propias muertes. Por eso tenemos un juicio de excesiva
cortesía y tolerancia con los paramilitares del grupo Colina; y a todos
los miembros del Comando Rodrigo Franco (grupo paramilitar aprista que
operó en el primer gobierno de García 1985-90) usted querido lector los
encontrará trabajando con buenos puestos en instituciones del Estado.
¿Volverán los desaparecidos a ser confundidos con momias precolombinas?

Por eso tenemos encima una "Ley de la Selva", que es parte del centralismo
democrático burgués que se aplica en este país, por eso tenemos las
privatizaciones corruptas, los abusos de las mineras contra los
agricultores, el TLC, etc., que son parte de un mismo modelo que se aplica
a nivel mundial. La contundencia del reciente paro agrario, la reacción
del pueblo cusqueño frente a la pretensión de privatizar su patrimonio
cultural, las consultas populares en Piura en la que los pueblos les dicen
no a las mineras, expresan el creciente descontento que muchas veces no
consigue expresarse en aparentes luchas puntuales.

Hemos salido de una época de violencia política donde hemos tenido una
Comisión de la Verdad y tenemos ya varios casos judicializados por
violaciones contra los derechos humanos. ¿Los nuevos policías de la
"democracia" tienen las mismas nociones que Martin Rivas, que Telmo
Hurtado o que el almirante Giampietri respecto de los derechos de las
personas? ¿Hasta cuando va a seguir vigente la noción según la cual el
Estado puede reprimir a gente desarmada para "garantizar la paz social"?
Que no nos impongan sus tratados comerciales y sus políticas de hambre a
punta de balazos, con mentiras y brutalidad que el pueblo ya no tiene más
paciencia.

Por último, como anarquistas queremos dejar una vez más en claro que la
lucha no pasa por ser coyuntural como algunos grupos políticos asumen y
presentan, que las violaciones de derechos humanos en este país no son
patrimonio solo de este gobierno y que la solución no pasa por transar con
tal o cual grupo de poder en busca de un frente común que solucione todos
los males sociales. Seguimos planteando la lucha por la organización y la
concientización desde abajo, seguimos apostando por la construcción del
poder popular libertario, seguimos creyendo que no hay ninguna lucha sin
solidaridad, seguimos manteniendo nuestras convicciones de revolucionarios
en pos de destruir lo que es (sociedad capitalista) para construir lo que
de ser (sociedad libertaria).

Franz García Uceda - Grupo Qhispikay Llaqta