[Colombia] Hablando de paz mientras se afilan los cuchillos

[Nota en Anarkismo.net: Artículo analizando el significado de las jornadas
de protesta en contra de las FARC-EP, de cómo ésta refuerza la Política de
Seguridad Democrática y el Plan Colombia, de cómo será un esfuerzo
capitalizado por el aparato de propaganda ideológica del uribismo y de
cómo ésta no puede aportar a la construcción de un proceso de paz con
justicia social.]

Hablando de paz mientras se afilan los cuchillos

Notas críticas sobre las jornadas de protesta "selectiva" contra las FARC-EP

La reciente liberación de dos políticas secuestradas por las FARC-EP
gracias a la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez ha puesto en
primera plana la situación dramática de los civiles secuestrados y de los
uniformados capturados[1] por esta agrupación insurgente en Colombia.
Capitalizando el efecto que los relatos de la selva han tenido sobre la
opinión pública, el gobierno se ha lanzado en una verdadera cruzada para
reforzar su fracasada política militarista en momentos en que se
demostraba que mientras ella fue incapaz de liberar a ninguno de los
rehenes, la mediación política si pudo surtir algún efecto.
Esta cruzada se ha compuesto de la visita reciente de altos personeros de
EEUU a Colombia, que pretenden mostrar la cara amable del Plan Colombia y
de la política de Seguridad Democrática, que es la aplicación del
mencionado plan, cuyo énfasis es la solución puramente bélica al
conflicto, mediante la militarización del país, la represión a toda forma
de disidencia, una impresionante propaganda militarista-ideológica que
oculta su servilismo a los intereses imperiales tras una retórica
exaltación patriótica[2], el impulso de una serie de medidas para
favorecer al paramilitarismo (dentro de las cuales la Ley de Justicia y
Paz ocupa un sitial de honor), la limitación de las libertades cívicas y
el reforzamiento de la penetración militar norteamericana mediante el Plan
Colombia.

También esta cruzada ha consistido en una oleada de McCarthysmo en contra
de Chávez quien no solamente ha puesto el dedo en la llaga con su
mediación, demostrando las posibles alternativas al capricho belicista de
Uribe para lograr la liberación de los rehenes y capturados de guerra y
abrir las puertas a un acuerdo humanitario, sino que también ha puesto el
dedo en la llaga al hablar del carácter beligerante de los movimientos
insurgentes, lo que pone de relieve aquello que el gobierno ha negado todo
este tiempo: que lo que existe en Colombia es una guerra civil, un
conflicto armado que se arrastra desde 1948, reconfigurándose una y otra
vez en distintos actores armados, y que no es explicable con el cuento de
que solamente se vive una situación de "amenaza terrorista" como el
uribismo ha querido reducir el conflicto.

Pero una de los aspectos fundamentales de esta cruzada para reforzar la
Seguridad Democrática, es la manipulación del dolor de las víctimas del
conflicto y buscar capitalizar ese dolor y esa justa indignación hacia la
movilización de apoyo, principalmente, de las clases medias colombianas.
Mientras el gobierno se llena la boca hablando del sufrimiento de los
secuestrados y repite con un sensacionalismo brutal relatos de la
cautividad, da la espalda a los familiares de los rehenes y capturados que
claman por un acuerdo humanitario efectivo y el término de las caprichosas
aventuras belicistas de Uribe, que a mediados del año pasado costaron la
vida a 11 parlamentarios, muertes por las cuales el gobierno jamás aceptó
su responsabilidad[3]. Este sólo hecho sirve para demostrar el oportunismo
de la retórica de derechos humanos utilizada por el gobierno, y la
manipulación perversa que hace de las víctimas del conflicto para
movilizar a la opinión pública tras una política que atenta directamente
contra éstas.

Un nuevo capítulo de esta manipulación, lo vivimos con la convocatoria a
una jornada internacional de protesta en contra de las FARC-EP, a
realizarse en febrero, que comenzó como una iniciativa "anónima", luego
fue tomada por una organización llamada "un millón de voces contra las
FARC" y ha terminado por fin de ser acogida y aplaudida por quienes, muy
probablemente, estuvieron de un comienzo detrás de ella: el gobierno,
quien a través de sus consulados y embajadas se ha asegurado de movilizar
la opinión pública a su favor no solamente en Colombia, sino en la
numerosa comunidad colombiana en el extranjero.

Queremos aclarar que es perfectamente legítimo que se sienta repulsión por
algunos de los métodos utilizados por las FARC-EP que son el resultado de
la degeneración de un conflicto que se ha alargado por demasiado tiempo. Y
es imperativo cuestionar dichos métodos y denunciarlos con todas nuestras
fuerzas. Ahora, lo que no es honesto, es olvidar (¿olvidar?) que dichos
métodos no son patrimonio de las FARC-EP y que también han sido
utilizados, hasta la saciedad, por el Estado colombiano y por el
paramilitarismo[4], con estrechos vínculos con el Estado colombiano,
quienes los han llevado niveles supremos de refinación[5]. No es honesto
¿olvidar? que el grueso de las violaciones a los derechos humanos en el
primer período de Uribe (un 80%) han sido llevadas a cabo por el Estado y
los paramilitares. No es honesto culpar de toda la violencia a una de las
partes para que las otras, que tienen las manos aún más manchadas de
sangre, se vean expurgadas de culpa. Y lo que es inaceptable: que una de
las partes del conflicto, el Estado, siendo uno de los peores violadores y
estando íntimamente involucrado con el paramilitarismo –la peor
degeneración de todo el conflicto- tenga el descaro y el cinismo para
venir a impulsar una "jornada por la paz" y a gritar a los cuatro vientos
"que los derechos humanos esto, que los derechos humanos lo otro". La sola
presencia del uribismo y de los parapolíticos en una jornada que se dice
por la paz, pero que en realidad es solamente una jornada contra las
FARC-EP (como que este fuera el único actor del conflicto armado),
transforma esta jornada en una farsa perversa. El uribismo solamente habla
de paz, para tomarse el tiempo suficiente a fin de afilar sus cuchillos.

Lo que es lamentable es que mucha gente, principalmente de esos sectores
de clase media que han sido amamantados en la omnipresente propaganda
ideológica del uribismo, vean sus legítimos sentimientos de indignación
manipulados con fines bélicos. Porque si la marcha es contra las FARC-EP y
no emplaza a los otros actores del conflicto, esto puede ser tomado
claramente como una carta blanca hacia ellos. El silencio es una forma de
complicidad, y esta complicidad busca lavar las manos de los Pilatos que
desde la derecha llevan décadas torturando, asesinando, mutilando y
desapareciendo al pueblo. Lo que significará reforzar la propaganda de
guerra y crear las condiciones subjetivas para un endurecimiento del
conflicto y de los factores que lo alimentan, particularmente, del Plan
Colombia y la Seguridad Democrática. Esto, huelga aclararlo, significará
no un paso hacia una paz duradera, sino una jugada que aleja aún más
cualquier perspectiva de paz. Paz que depende, en última instancia de un
acuerdo humanitario y una solución política.

Lo repetimos: el silencio es una forma de complicidad. Los que hoy se
rasgan los vestidos hablando de paz y derechos humanos han guardado un
sepulcral silencio cuando las víctimas no han sido parlamentarios de
derecha secuestrados, sino que candidatos presidenciales de izquierda
asesinados, como Jorge Eliecer Gaitán (1948)[6], Jaime Pardo Leal (1987),
Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (1990), Carlos Pizarro
(1990); su sepulcral silencio fue idéntico cuando se exterminó a un
partido político completo (la UP), del que se eliminaron físicamente a
5.000 militantes en poco más de una década.

Mientras se soltarán lágrimas de cocodrilo por parte de estos interesados
quijotes, no se hablará de los más de 3 millones de desplazados a causa,
principalmente, de la militarización y del paramilitarismo[7], cuyas
tierras han sido frecuentemente ocupadas por paramilitares que hoy
disfrutan de todos los beneficios de una ley (mal llamada de justicia y
paz) hecha a su medida; mientras se gritará estridentemente que las
FARC-EP son responsables de unos 10.000 asesinatos desde fines de los ’80,
no se dirá que en ese mismo lapso de tiempo han sido asesinadas unas
70.000 personas en el conflicto, la inmensa mayoría imputables al Estado y
a los paramilitares; no se hablará nada de cómo el gobierno se ha colocado
en una situación de ilegalidad permanente[8], situación a la cual apenas
se echó una ojeada con algunos de los auto-atentados que se han
esclarecido y con la parapolítica que ha desnudado a la clase política
colombiana, demostrando que el 35% de los parlamentarios sostenía alguna
clase de vínculos con los paramilitares –para no hablar de que Uribe mismo
estuvo involucrado en la fundación de las cooperativas CONVIVIR, embrión
que se convertiría en las AUC; no se dirá una sola palabra, ninguna, sobre
los 2.500 sindicalistas asesinados y desaparecidos desde 1991, de los
cuales más de 500 han sido asesinados y desaparecidos durante el gobierno
de Uribe[9]. Durante la reciente visita de Condoleza Rice a Colombia, los
apologistas del uribismo salieron a gritar las virtudes de la Seguridad
Democrática mostrando cifras de que el número de sindicalistas asesinados
se había reducido: la verdad es que uno no puede sorprenderse, pues ya han
matado a todos los que les molestaban. Pero aparte del irritante cinismo
que despiertan esas declaraciones, lo notable es que entregan el rostro
sin máscaras del uribismo: la única paz que puede garantizar es la paz de
los cementerios.

Este silencio creemos que no es casual: responde a la visión selectiva de
quienes se preocupan de los derechos humanos cuando les conviene, de
quienes defienden la vida siempre y cuando sea de los de su bando, se
escandaliza de la violencia solamente cuando esta toca el norte de Bogotá.
Pero cuando ésta es pan de cada día en Ciudad Bolívar o en el Chocó,
cuando las víctimas no son los de su bando, sino que negros, indios,
campesinos, pobres o gente que piensa distinto que ellos, no les molesta y
hasta a muchos debe parecerles bien. Y por supuesto que no puede ser de
otra manera, cuando la violencia es el único recurso por medio del cual la
oligarquía colombiana se ha mantenido en el poder y enriquecido a costa
del sufrimiento de las grandes mayorías. Es bien sabido, hay colombianos
más colombianos que otros, así como hay derechos humanos para unos y no
para otros. Pero, obstinadamente, esos colombianos de abajo han estado por
décadas y pese al terror, gritando su verdad, denunciando su situación, la
cual ha caído en la indiferencia de la gente bien y de los medios que
moldean su opinión.

Por ello, es que lo más notable de la movilización no sea, quizás, quienes
salgan a la calle, sino que aquellos que no salgan, por qué comprenderán
que allí no reposan las bases para solucionar nada, sino todo lo
contrario, porque no verán su dolor y su propia protesta reflejada en esta
manifestación, porque habrán sufrido la indiferencia cuando ellos pidieron
justicia.

Y así como el silencio es una forma de complicidad, las verdades a medias
son una manera más de mentir. Denunciar selectivamente a las FARC-EP que,
independientemente de ciertas acciones repugnantes que han realizado, no
son sino una sola parte de un problema mucho más complejo, es distorsionar
los hechos para que los lobos puedan ponerse piel de ovejas. Decir que las
FARC-EP son, simplemente, una "amenaza terrorista" es hacerse eco de un
gobierno que se niega a aceptar la realidad de la guerra civil y el
conflicto de décadas en Colombia, negación que no puede ayudar en nada a
resolver el conflicto. Y negación que ¿ignora? convenientemente el hecho
de que un conflicto armado como éste, el recurso al terrorismo no es
patrimonio exclusivo de un sector, como lo han demostrado todas las
misiones de derechos humanos.

La guerra en Colombia, sin embargo, no se vive solamente en los frentes,
sino que se vive también en el salario de los obreros y obreras; en la
apropiación de las tierras de los campesinos mediante el terror
paramilitar; se vive en los proyectos de ley como el estatuto de
"desarrollo rural" que regularizará las propiedades que los paramilitares
obtuvieron mediante el terror y que hoy conservan por idéntico medio; se
vive en la creación de una cultura de silencio mediante el terror para así
generar las condiciones propicias para la explotación absoluta de una
fuerza laboral atomizada, desorganizada, amedrentada y sumisa; se vive en
la pobreza cotidiana que el 68% de los colombianos sufren; se vive en los
acuerdos de libre comercio con los EEUU y con la UE que buscan incorporar
a Colombia a un área de influencia neocolonial para beneficio de unos
pocos; se vive en las fumigaciones y en la imposición del monocultivo,
como la palma africana; se vive, por último, en todos los actos que desde
hace décadas vienen convirtiendo a Colombia en un país hecho a la medida
de unos cuantos gomelos y de sus socios imperiales, con el consentimiento
de una clase media emborrachada con un constante bombardeo de propaganda
ideológica.

Por todo ello declaramos que la paz, si quiere ser duradera y tener algún
significado, debe ser acompañada por condiciones básicas de justicia
social. No puede pretenderse poner fin al conflicto armado si siguen en
pie las condiciones que lo generaron en primera instancia: la notable
exclusión de la inmensa mayoría de los colombianos de cualquier espacio de
poder, la violencia como única respuesta del Estado a la demanda popular y
una estructura social profundamente desigual. Pero la paz que nos ofrece
el Plan Colombia y el Plan Patriota, la paz de la Seguridad Democrática,
es la paz de los cementerios, es la paz que se logra solamente mediante la
eliminación física del adversario.

Quienes convocan a la manifestación han declarado en todos los tonos que
las FARC-EP no representan a "los" colombianos. Están en lo correcto: este
movimiento insurgente representa a algunos colombianos, tanto como los
paramilitares representan a otros colombianos, el gobierno a otros, las
demás fuerzas insurgentes a otros: por esta razón es que hay guerra civil.
Pero queda una inmensa masa de colombianos que no se encuentran
representados en ninguna de esas fuerzas. Nada se pueda lograr sin la
movilización de esta masa popular. Y aunque momentáneamente se pueda
manipular a sectores de ésta, como dice un proverbio africano, de
Guinea-Bissau "Món pa más que grande ka na tapa ceú" –Ninguna mano es tan
grande como para tapar el cielo. Pese a que la maquinaria ideológica del
uribismo, insuflada con los dólares del Plan Colombia[10] (y también con
sus euros), esas masas populares, a través de sus organizaciones, pugnan
por entrar como actores decididos en el proceso que vive Colombia.

Los tiempos recientes han visto, no solamente la consolidación de un
sistema represivo representado en la figura de Uribe, sino que también han
visto la convergencia de sectores del movimiento popular que buscan desde
abajo construir una nueva Colombia. No podemos confiar esta tarea a los de
arriba, pues para lo único que han mostrado una cierta aptitud es para
prolongar el lento desangramiento de este país y para llenarse sus
bolsillos de dinero –no tienen ni interés ni habilidad para solucionar los
problemas que afectan a los de abajo. Toca entonces el turno a esos
sectores que se agrupan pese a la intimidación, que hablan pese a que se
les trata de silenciar, y que han podido formar en medio de la atomización
impuesta por la violencia, una Coalición de Movimientos Sociales[11] que
ha comenzado una campaña por la libertad de expresión y asociación,
elementos indispensables para construir esa paz con justicia social que
sirva de base a una nueva Colombia. Una Colombia donde no haya unos
muertos que sangren más que otros, ni ciertas personas desaparezcan más
que otras. Ciertamente, esta tarea no es asunto de un día o de una marcha,
sino que un lento trabajo de construcción, articulación y lucha. Ahí es
donde nuestros esfuerzos son más útiles.

José Antonio Gutiérrez D.*

27 de Enero del 2008


*El autor es miembro del Centro de Solidaridad con América Latina de
Irlanda y participó en la Misión Internacional de Verificación sobre la
Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de
Colombia (MIV), en Septiembre del 2006.

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Notas:

[1] Hago la distinción entre rehenes y cautivos, pues una cosa son los
civiles en poder de las FARC-EP y otra cosa son los uniformados que han
caído dentro de un conflicto en el que todas las partes saben las
consecuencias de tomar las armas. Esta distinción fundamental del Derecho
Internacional Humanitario es ignorada de manera interesada y deliberada
por el gobierno colombiano.

[2] Quienes hablan de Plan Patriota y se arrogan el derecho a hablar a
nombre de todos los colombianos son lo que efectivamente están vendiendo,
a precio de huevos, al país mediante los acuerdos de libre comercio con
los EEUU y la UE.

[3] En la vigilia realizada el 5 de julio del 2007, la hija de uno de los
diputados muertos, Carolina Charry, fue la encargada de fustigar al
gobierno por "indolente" y negarse a escuchar el clamor de los familiares
y víctimas de una zona de intercambio humanitario, así como de denunciar
el oportunismo de que los responsables de la tragedia estuvieran en la
vigilia derramando lágrimas de cocodrilo. No la dejaron terminar de leer
su discurso.

[4] Los paramilitares, organizados en la AUC según el gobierno, ya se han
terminado de desmovilizar a comienzos del 2006. Sin embargo, el
paramilitarismo ha resurgido en una nueva encarnación: las Águilas Negras
que, según el gobierno siempre, serían delincuentes comunes y no
paramilitares. Cuesta explicar entonces, por qué las víctimas de estos
"delincuentes comunes" son sindicalistas, organizaciones campesinas, de
derechos humanos y desplazados, a los que siguen extorsionando. Como
señala Amnistía Internacional: "El paramilitarismo, tanto en Medellín como
en otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado; simplemente se ha
reinventado"
http://www.es.amnesty.org/paises/colombia/pagina/desmovilizacion-y-ley-de-justicia-y-paz/.

[5] Pues a estos sectores ya no les basto con secuestrar civiles, sino que
lisa y llanamente los hacen desaparecer.

[6] De quien muchos se acuerdan solamente por aparecer su cara en un billete.

[7] Lo que convierte a Colombia en el segundo país del mundo con mayor
número de desplazados después de Sudán.

[8] Gobierno que, en teoría, debiera ser el garante del Estado de Derecho.

[9]
http://www.ens.org.co/aa/img_upload/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/LAS_LIBERTADES_SINDICALES_EN_COLOMBIA.doc

[10] Más de U$ 5.000 millones hasta la fecha.

[11] http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=1795

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