Democracia plebeya

Democracia plebeya

La democracia no es entre nosotros palabra huera. Si la democracia es “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, siguiendo lo pautado por Abraham Lincoln, pues entonces no hay nada más democrático que el gobierno venezolano desde 1999.

Pero la democracia es asimismo el locus de las libertades conquistadas por las revoluciones burguesas del siglo XIX, amparadas en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. En este último aspecto, las instituciones republicanas venezolanas han bregado por extender el ejercicio de los derechos civiles a todos los ciudadanos independientemente de su clase social.

La democracia venezolana, además, ha ejercido, hasta los momentos, el carácter de protagónica y participativa en todas sus acciones. En efecto, ha sido refrendaria y relativamente asamblearia. Los ciudadanos participaron el 2004 en un referéndum para revocar al Presidente de la República y, con anterioridad, en 1999 en otro referéndum para aprobar la carta magna aprobada por la asamblea constituyente de 1999.

En este sentido, el proyecto de reforma constitucional, que será sometido a referéndum el próximo 2 de diciembre, conserva esas características de la democracia; pero amplía las concepciones asamblearias dando lugar al surgimiento del poder popular que es el que ejercen las comunidades naturales esparcidas por nuestra geografía antes del derecho al sufragio universal, directo y secreto. Es decir, el poder popular no sería otra cosa sino el poder constituyente en estado de reposo.

Tal poder popular se manifestará en forma de comunas, rememorando la concepción comunalista del socialismo primigenio y, en general, de las organizaciones naturales de los pueblos antes del surgimiento del Estado centralista que suprimiría la autonomía de las comunidades y que, entre nosotros, fue traída por el conquistador español mediante el Estado de los Reyes Católicas: centralista y católico.

Una serie de comunas conforman un municipio; una serie de municipios un estado; es decir, se conserva la división político territorial de la Cuarta República y quizá sea realmente un período de transición. Porque la fuerza de la costumbre llevará a que las comunas establezcan nexos entre ellas aparte de los meramente formales de una división político-territorial que heredamos del reparto del poder entre godos y federales tras el tratado de Coche de 1863, cuando se apuñaleó los principios igualitarios de los zamoristas de la Guerra Federal.

La democracia venezolana, por tanto, busca estructurarse de manera geográfica y natural, eliminando o minimizando los resabios artificiales que heredamos del pasado ya reciente ya remoto.

Por las características de nuestra economía el gobierno federal administrará el ingreso de nuestras exportaciones, y el tributario; y, estará sometido al comité central de planificación, usando figuras político-territoriales de segundo nivel que tienen por objeto impulsar zonas económicas especiales para el desarrollo nacional. Esta es una antigua aspiración de la provincia venezolana que, ante el centralismo de la Cuarta República, aspiraba a que las metas del desarrollo también contaran con las necesidades de las poblaciones lugareñas. La “solución” de la Cuarta consistió en armar “republiquetas” que, en definitiva, atentaban contra el gentilicio nacional y contra la soberanía venezolana. Esto desaparece en gran medida.

Esta reforma a la constitución de 1999 refleja en gran medida el desarrollo chino y, no cabe duda de ello, se trata de una reforma de transición. Porque en la medida que las comunas vayan cobrando vida propia en esa misma medida surgirá de manera natural la Federación y la Confederación. Para ello se necesita impulsar las fuerzas productivas de inmensas masas poblacionales abandonadas a su suerte y excluídas del desarrollo nacional a expensas de favorecer al capital transnacional.

Al mismo tiempo, el gobierno ha venido combatiendo los monopolios y, en la reforma, esta faceta se hace norma constitucional. No es posible impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas sociales si éstas son atenazadas por los monopolios cuya historia entre nosotros es de larga data y basada siempre en la hegemonía de clases dominantes y de castas dentro de éstas.

El primer monopolio que se resquebraja es el del poder político. Al otorgársele rango constitucional al poder popular es evidente que entramos en una nueva fase de nuestro desarrollo como sociedad política. En un período que no sabemos de cuánto tiempo será convivirán las formas clásicas del poder político y las nuevas formas del poder popular, es decir, del poder constituyente en reposo, con el objeto de que los niveles de consciencia y de formación de los ciudadanos vaya creciendo y estructurándose sobre la base de la justicia social, de la libertad y del comunitarismo.

Ayer, en un programa de la televisión de provincia, Hugo Chávez reafirmó que el modelo venezolano no se inspira en el modelo soviético sino quizá, y no plenamente, en el modelo de la autogestión yugoslava. Sobre este particular, un autor de vanguardia escribió hará meses que la agresión de la OTAN contra la Yugoslavia post-titista se perpetró con el objeto de liquidar las formas autogestionarias y federalistas que habían sobrevivido a la muerte de Tito y a la caída del muro de Berlín. Quizá tenga razón ese autor de vanguardia, porque los ricos y los imperios del mundo todo atacan a las formas organizativas que se da el pueblo trabajador ya que lo a lo que más aspira es a evitar que los pueblos organicen sus autonomías –es decir, sus libertades- al margen de los intereses de los ricos y de los imperios. Así actúa todo imperio que se precie.

Ya que el gran reto del socialismo consiste en demostrar que una sociedad de la plebe puede ser y es –más allá de las teorías- una sociedad viable, productiva, justa, humanista, democrática e innovadora tanto en ciencia y en tecnología como en cultura.

Ese es el reto de la democracia popular venezolana, de aquí en adelante.-

F.C.