Prohíben pedir ID para rentar: la vivienda para los ilegales en California [Estados Unidos]

Prohíben pedir ID para rentar

Nueva ley protege a inquilinos sin papeles

Araceli Martínez Ortega
Corresponsal de La Opinión

12 de octubre de 2007

SACRAMENTO.— California se convirtió ayer en el primer estado de la nación en prohibir que los condados y ciudades emitan leyes locales que exijan a los propietarios de casas de alquiler verificar el estatus migratorio de los inquilinos y de los solicitantes de una vivienda en renta.

El gobernador Arnold Schwarzenegger convirtió en ley la medida AB976 del asambleísta demócrata de Whittier, Charles Calderón, que además prohíbe a los propios renteros de bienes inmuebles solicitar a los arrendatarios información sobre su estatus migratorio o su ciudadanía.

Con esta legislación se detiene en California la amenaza de desalojar de sus viviendas y echar a la calle a aquellos inquilinos que no puedan probar que son residentes legales en el país.

En el estado se estima que hay arriba de dos millones de residentes indocumentados. Según la Asociación de Apartamentos de las Ciudades del Sur de California (AACSC), 40% de los 35 millones de californianos viven en viviendas rentadas.

Isabel Alegría, portavoz del Centro de Política de Inmigración de California exclamó feliz "es un milagro que el gobernador haya aprobado esta medida". Explicó que la nueva ley tiene una gran relevancia porque, de haberse vetado, muchas ciudades y condados del estado podrían haber promulgado leyes locales para exigir a los inquilinos probar su residencia legal y esto podría haber traído muchos casos de discriminación.

"Un inmigrante puede parecer de otro país, pero en realidad es un ciudadano estadounidense. Entonces esto hubiera traído un gran costo para las ciudades", detalló.

La Ley AB976 fue propuesta por la Asociación de Propietarios de Apartamentos de las Ciudades del Sur de California (AACSC, la cual representa a 800 mil propietarios de casas de alquiler) luego que la ciudad de Escondido aprobó una ordenanza o ley local el 18 de octubre del año pasado para exigir que los dueños de casas de renta pidieran a sus inquilinos y a los solicitantes comprobar su residencia legal en el país.

La orden fue detenida por un juez federal debido a que violaba la Constitución de la nación,

Nancy Ahlswede, directora ejecutiva de la Asociación de Propietarios de Apartamentos, también está feliz con la nueva Ley AB976. "Era algo horrible lo que se quería hacer y lo que ha intentado hacer en Escondido y Costa Mesa y otras ciudades del estado y del país", opinó.

"Lo que querían hacer con los propietarios de casas de renta era convertirnos en policías de migración y ese es un trabajo de las autoridades federales, no de nosotros", aclaró.

Ahlswede anotó que, de no haber conseguido que el gobernador firmara esta ley, habrían proseguido las ordenanzas locales en una clara violación a la Ley de los Derechos de los Inquilinos.

Asimismo los propietarios que no se apegaran a tales regulaciones locales habrían sido objeto de multas y hasta podrían verse en riesgo de perder su licencia de negocio.

"Creo que el gobernador hizo una muy buena decisión al firmar la Ley AB976", completó Ahlswede.

Otras ciudades en el país que han aprobado ordenanzas similares son Hazleton, Pennsylvania, y Farmers Branch, en Texas. Todas éstas han sido paradas por jueces federales debido a que no tenían una base constitucional.

En 2006, la ciudad de Cherokee, norte de Atlanta, también aprobó una medida para prohibir el alquiler de vivienda a indocumentados.

El autor de la medida, el asambleísta Calderón, no estuvo disponible para una entrevista con La Opinión, pero por la tarde, la oficina del senador demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo envió un comunicado emitido por la oficina de Calderón en la que éste indica que las ciudades no tienen autoridad para establecer sus propias políticas y solamente el gobierno federal puede determinar el estatus legal de cualquier ciudadano.

"Las ordenanzas locales como la adoptada por la ciudad de Escondido colocan a los caseros bajo seria responsabilidad en torno a cumplir con éstas o fallar. Los arrendatarios no quieren ser agentes de migración, simplemente quieren ganarse la vida", hizo ver en el comunicado de prensa.

La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Francisco Castillo, vocero del gobernador Schwarzenegger manifestó que el gobernador cree que los gobiernos locales y estatales no deben ser forzados a asumir una responsabilidad que corresponde al gobierno federal.

"Estas ordenanzas que hubieran prevenido a los arrendatarios de rentar a los inmigrantes indocumentados son resultado de un problema mayor: El fracaso del Gobierno para producir una reforma de migración importante", anotó.