Asesinados por Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios

Por el Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y por el Grupo de Apoyo a Pilar Vaquerizo

Según informa El País hoy (1-10-2007), "la negociación de la Ley de Memoria Histórica, que ha avanzado durante la última semana, con contactos a tres bandas entre el PSOE, CiU, IU-ICV y el PNV, se acelerará esta semana. El Gobierno y el PSOE -los principales negociadores son Diego López Garrido, portavoz socialista, y Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes- ya tienen en su mano varios documentos de contraoferta tanto de CiU como de IU-ICV, a los que responderá desde hoy."

Pues bien, otras informaciones nos han confirmado que, en el texto que están a punto de cerrar, no figurará "la compensación/indemnización económica para los herederos de las personas que fueron ejecutadas y que no cumplían los requisitos de haber estado privados de libertad más de tres años." Que es el caso de Pilar Vaquerizo, la viuda de Francisco Granado, a la que se le ha negado el derecho a recibir la indemnización, que si se ha dado a los demás represaliados del franquismo, con el pretexto de que su marido no hizo el tiempo mínimo de prisión fijado por la normativa que regula dichas indemnizaciones. ¿Cómo podría haberlo cumplido si fue ejecutado 17 días después de haber sido detenido?

Hacemos público el mensaje que acabamos de enviar a los principales negociadores del PSOE-Gobierno y os pedimos os solidaricéis con este mensaje repitiéndolo y enviándolo a estas direcciones:

Diego L. Garrido diego.lgarrido@diputado.congreso.es> Francisco Caamaño comunicacion.vicepresidencia.primer...

Texto del mensaje enviado:

A Diego L. Garrido, portavoz socialista, y a Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes :

Al parecer, en el texto que ustedes están a punto de cerrar con IU-ICV, CiU y PNV no aparece la compensación/indemnización económica para los herederos de las personas que fueron ejecutadas y que no cumplían los requisitos de haber estado privados de libertad más de tres años.

En las enmiendas presentadas por IU-ICV integraron, en el artículo (Indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.), el siguiente apartado:

Dos. Para las personas privadas de libertad y que posteriormente fueron ejecutadas, se les atribuirá el importe máximo al que podrá ascender la indemnización.

Efectivamente, este apartado -con el que IU e ICV proponían poner fin a la escandalosa discriminación de que son víctimas las viudas o viudos de las personas ejecutadas durante la dictadura- no figura en el texto que quizás sierren ustedes mañana con esos Partidos.

Esperamos comprenderán nuestra sorpresa e indignación. No sólo porque es verdaderamente vergonzoso que el perder la vida sea considerado menos relevante que el haber estado preso, sino porque resulta incomprensible tal discriminación. Sobre todo después de que tanto el PSOE como los demás Partidos reconocieron en 2002 que era una escandalosa vergüenza tal injusticia.

Se puede comprender que el Gobierno y los socialistas tengan reparos a pronunciarse -sea por razones jurídicas o políticas- por una declaración clara de nulidad de las sentencias franquistas; pero resulta verdaderamente incomprensible que no reconozcan a los ejecutados y a sus herederos los mismos derechos que sí reconocen a los ex presos y a sus herederos.

Además, la compensación de 12OOO euros, propuesta por IU-ICV (y también por ERC), es una suma risible comparada con los 135000 euros que ustedes han aceptado dar a los herederos de las "personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977".

¿Por qué los antifranquistas ejecutados antes de 1968 quedan discriminados y ni siquiera sus herederos podrán percibir los 12000 euros propuestos por IU-ICV y ERC?

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que justifican tal escandalosa discriminación?

¿Cómo ha sido posible y por qué lo que los socialistas y los otros partidos denunciaron en 2002 (hasta el PP lo denunció entonces, aunque responsabilizando al PSOE de no haberlo resuelto cuando gobernaba) se considerará normal en 2007 : que las personas ejecutadas por el franquismo no tengan los mismos derechos que las que sufrieron prisión por defender el mismo ideal democrático?

Esperamos que el PSOE y el Gobierno incluyan en el texto final el apartado

2 de la enmienda propuesta por IU-ICV y ERC; pues sería una vergüenza que los socialistas se opongan a ello y tengan que asumir la responsabilidad de tal infamia.

Octavio Alberola

Antonio Martín

Por el Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y por el Grupo de Apoyo a Pilar Vaquerizo.

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Delgado y Granado: toda la verdad, 41 años después

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Date Sat, 25 Sep 2004 18:32:06 +0200 (CEST)

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Esta historia nos devuelve a un tiempo de terror. El 17 de agosto de
1963, cuando el general Franco gozaba de la plenitud del poder, los
jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron ejecutados
en la cárcel madrileña de Carabanchel con el instrumento medieval del
garrote vil. Ambos habían sido condenados en un consejo de guerra
sumarísimo, bajo la imputación de haber colocado bombas en la Dirección
General de Seguridad y en la sede de los sindicatos verticales. Y sin
embargo, ninguno de los dos tuvo nada que ver con tales hechos.

Los verdaderos autores de tales atentados fueron Sergio Hernández, que
tiene ahora 61 años, y Antonio Martín, de 65. Ambos son categóricos:
"Nosotros hicimos las acciones por las que ejecutaron a Granado y
Delgado". Un documental rodado en 1996, emitido por la cadena Arte y
después por TVE, recogió por primera vez declaraciones suyas. No tuvo
mucho eco, pero facilitó a las familias de los ejecutados la tarea de
reunirse en torno al objetivo de rehabilitar la memoria de Granado y
Delgado.

El Constitucional ha decidido ahora que las familias tienen derecho a que
el Supremo practique las pruebas pedidas, en contra de la decisión tomada
en 1999 por su Sala Militar, que no admitió la revisión de la sentencia.
El lunes pasado, Hernández y Martín entregaron una carta en la Embajada
de España en París dirigida al ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, pidiendo testificar en el recurso de revisión. Los dos continúan
viviendo en Francia, así como el responsable político de aquellos
atentados, Octavio Alberola.

En una extensa conversación con "El País", los tres cuentan con detalle la
gestación y desarrollo de aquella acción que costó la vida a otros dos
compañeros anarquistas (Granado y Delgado), ejecutados a garrote vil por
el régimen franquista y de cuya inocencia ellos mismos dan fe.

¿Por qué se muestran tan seguros de que Granado y Delgado eran ajenos a
los atentados por los que fueron condenados? El principal testigo vivo
para responder a esa pregunta es Octavio Alberola, de 75 años, que envió
a Madrid tanto a Hernández y Martín, por un lado, como a Granado y
después a Delgado para misiones diferentes. El antiguo responsable de los
grupos de militantes anarquistas es el único superviviente del organismo
llamado Defensa Interior, el comité libertario que dirigía en secreto la
lucha armada contra Franco y del que formaron parte Cipriano Mera, que
fue general del ejército de la República, y Juan García Oliver, ex
ministro de Justicia en uno de los Gobiernos durante la Guerra Civil.

"Se había pensado en un atentado contra Franco cuando acudía al palacio
de Oriente para recibir las credenciales de los nuevos embajadores, y
había dos grupos para hacerlo", explica Alberola. "Francisco Granado
salió de Alès [sur de Francia] por encargo mío, y fue a Madrid en un
coche donde llevaba material para la explosión a distancia, una pistola y
una metralleta. También tenía un contacto para recuperar en Madrid una
maleta con 25 kilos de dinamita plástica".

La misión de Granado en Madrid era "recuperar la maleta, entregar todo el
material al otro grupo y volverse a Francia. El problema era que pasaba
el tiempo sin que hubiera noticias de la llegada de nuevos embajadores.
El 25 de julio nos confirmaron que Franco había salido de vacaciones, y
yo le encargué a Delgado que avisara al otro grupo de que esa acción no
iba a hacerse y que conectara con Granado, para decirle que dejara el
material en lugar seguro y se volvieran los dos rápidamente". Siguiendo
sus
instrucciones, Delgado consiguió encontrar a uno de los compañeros que
buscaba, Robert Ariño, el domingo 28 de julio, y éste salió
inmediatamente para Francia.

En cambio, Delgado no pudo conectar con Granado. El contacto se hacía a
través de una ferretería que, como era domingo, estaba cerrada. Por eso
tuvo que quedarse. Un retraso que resultó fatal para sus vidas: al día
siguiente se produjeron los bombazos en la Dirección General de Seguridad
(situada en la Puerta del Sol, en el edificio que ocupa la presidencia
del gobierno autonómico) y en la sede de los sindicatos verticales (en el
paseo del Prado, edificio que ocupa el Ministerio de Sanidad), llevados a
cabo por Antonio Martín y Sergio Hernández, que actuaron sin tener ni
idea de los apuros en que estaban Granado y Delgado. La policía sólo
tardó dos días en detener a éstos, y los dos sólo vivieron 17 días más
hasta que fueron entregados a los verdugos.

"Yo había llegado a Madrid el 24 de julio, en tren y con documentación
auténtica", cuenta Antonio Martín. Había dejado su trabajo en París (es
ingeniero electrónico) con la idea de constituir un grupo permanente en
España. Ajeno a la idea de un peligro inminente, pidió el documento
nacional de identidad en una comisaría: "Yo di un domicilio para tramitar
el carné, y ni lo miraron. Si no estabas fichado era relativamente
fácil".

Conciencia del riesgo
Por su parte, Sergio Hernández había llegado en coche y con documentación
falsa. Él tenía más conciencia del riesgo, porque había estado otras
veces en Madrid "vigilando cosas". Venía con un encargo y cierto material
explosivo en su poder, que no sabía dónde guardar. Para eso tomó contacto
con Antonio Martín, que contaba con dos pisos en la capital de España.
"Unos compañeros alsacianos me prestaron uno en la plaza de Castilla y
otro en San Blas. Éste estaba muy bien, porque era un barrio de casas
populares a las que venían inmigrantes de todas partes y a nadie le
llamaba la atención alguien nuevo", explica.

Antonio Martín sigue contando: "Sergio me dio un bolso con detonadores y
dinamita plástica. Yo, sin saber que el atentado contra Franco había sido
anulado, pensé que el material que teníamos en el piso no podía estar ahí
días y días. Le dije a Sergio: oye, lo que haya que hacer, que sea cuanto
antes. El error fue mío, al querer acelerar las cosas", reconoce Martín.
Al otro compañero, Sergio Hernández, le habían dicho que el artefacto
había que ponerlo en la Dirección General de Seguridad en la segunda
semana de agosto, pero ellos decidieron adelantarlo al lunes 29 de julio
temiendo la inestabilidad del material. "El plástico es muy sensible a
los cambios de temperatura y a otras circunstancias".

"Sergio y yo nos dimos cita en el metro Sevilla", explica Martín. "Yo
caminé por la calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol y me coloqué en la
esquina con la del Carmen, enfrente de la Dirección General de Seguridad.
Sergio, que llevaba el paquete con el plástico y el detonador, venía por
la carrera de San Jerónimo, buscando un bar donde meterse para hacer la
unión del detonador con el explosivo. Lo hizo y yo le vi acercarse. Él
entró en la Dirección General de Seguridad, con el detonador ya unido al
plástico".

La casa de la represión
Introducirse allí no era difícil: la oficina de pasaportes permanecía
abierta al público. Se había elegido el objetivo de la Dirección General
de Seguridad porque era "la casa de la represión, donde se había
torturado a cientos de antifranquistas", argumenta Hernández. "La policía
franquista había matado allí mismo al padre de un amigo mío de la
infancia, Tomás Centeno [dirigente del PSOE en la clandestinidad]. Lo
mataron a palos, oiga usted", recuerda Martín. El artefacto explosivo
quedó en la bolsa, debajo de un banco. Sergio Hernández salió de la
Dirección General de Seguridad y vio a su compañero: se retiraron por la
calle del Carmen, salieron a Montera y se separaron.

Habían programado la explosión para cuatro horas más tarde, pero ocurrió
a la media hora. La oficina de pasaportes estaba todavía abierta y hubo
una veintena de heridos, la mayoría leves. Ellos no se dieron cuenta. "En
esas circunstancias, uno va pendiente de irse cuanto antes", reconoce uno
de ellos. Además les quedaba tarea: a las ocho de la tarde tenían
previsto colocar la segunda bomba, en el edificio de los sindicatos
verticales. "Yo había llevado material sólo para un artefacto. Así que
nos separamos, me fui al piso de San Blas, cogí el material para el
segundo y volví", detalla Antonio Martín. "Me había citado con Sergio en
la calle del General Mola [actual Príncipe de Vergara]. Bajamos por
Alfonso XII, la calle que tiene el parque del Retiro y nace en la Puerta
de Alcalá; salimos a Neptuno, continuamos hasta Sindicatos y pusimos el
artefacto en una ventana. El detonador funcionó bien y el paquete estalló
a la hora prevista, las doce de la noche; no así el de la Dirección
General de Seguridad, que estalló mucho antes de lo programado".

"Si el mecanismo no hubiera fallado habría explotado a las nueve de la
noche, con la oficina cerrada y vacía", afirma Martín. Sergio Hernández
lo corrobora: "Nuestro objetivo no era que hubiera heridos, como hubo,
porque eso lo que hizo fue desprestigiarnos ante la opinión pública. Hay
que decir las cosas como son. Aquello fue una fatalidad del destino, una
casualidad desgraciada". Insiste en ponerlo de relieve "para que se sepan
las mentiras del Gobierno de Franco diciendo que éramos terroristas, que
si habían tocado a veinte o treinta millones por la bomba en Gobernación;
fue una campaña crapulosa". Asegura que los libertarios nunca han actuado
por lucro, sino por ideología.

Cuando escuchó en la radio que había habido heridos, Hernández primero se
sintió incrédulo: "¿Pero qué es lo que he hecho?, pensé". Estaba en
peligro: tomó el coche y salió rápidamente hacia la frontera con Francia.
"Llevaba una pistola del 9 corto, y me había hecho la cuenta de que,
antes de que me cogieran, me metía un balazo en la cabeza". Él llegó a
París el martes 30 de julio. Con menos suerte, Francisco Granado y
Joaquín Delgado fueron detenidos al día siguiente en Madrid y les
acusaron de las bombas en la Dirección General de Seguridad y en los
Sindicatos.

Sergio Hernández afirma que propuso convocar a la prensa internacional en
París para presentarse como autor de aquellas acciones, "intentando
evitar, en lo posible, que condenaran a muerte a los compañeros". Octavio
Alberola estuvo en la reunión donde esa propuesta se rechazó. "Se pensó
que no iba a servir de nada; primero, porque Franco iba a ejecutar de
todos modos a los que tenía presos, y además porque Cipriano Mera dijo
que los libertarios nunca habíamos denunciado a ningún compañero".

Hernández corrobora que el teniente coronel (que llegó a mandar una
división) Mera -a quien atribuye "una gran experiencia revolucionaria"-
le disuadió de autoinculparse. "Me convenció de que hacerlo no iba a
salvar a nuestros compañeros, Granado y Delgado, a los que la dictadura
iba a matar sin la menor duda; cuatro meses antes habían fusilado a
Julián Grimau [dirigente comunista], por más campañas que se intentaron
para salvarle. Y me advirtió de que lo que yo dijera en París podía poner
en peligro a otros. El propio Antonio, con el que había estado en Madrid,
se había quedado allí".

La decisión de los responsables libertarios fue informar a la prensa de
que las personas que habían hecho la acción de la Dirección General de
Seguridad estaban a salvo, y que tanto Delgado como Granado no tenían
nada que ver con lo que se les acusaba. "Pero al régimen franquista le
dio igual", recuerda Alberola. Ignorante de todo ello, Antonio Martín se
quedó en España hasta finales de agosto: cada vez más mosqueado,
suspendió sus planes y se volvió a Francia. Martín es de los convencidos
de que hubo un chivatazo: "No sé de dónde vino, pero lo creo así".

¿Por qué estas personas lo cuentan todo 41 años después? Cada uno tiene
motivaciones diferentes. Para Sergio Hernández, se trata de descargar la
conciencia: "Me he pasado casi toda una vida dando vueltas a la cabeza.
Las personas heridas en la Dirección General de Seguridad; los compañeros
Granado y Delgado, muertos por algo en lo que no tenían nada que ver...,
quiero que esto quede bien claro".

Sufrimientos
Antonio Martín lo ve de otro modo: "Ha habido muchos asesinados por el
franquismo, no sólo Granado y Delgado, y esto plantea un problema de
justicia. Después hay un problema ético: los sufrimientos que todo eso
han supuesto. Nosotros no éramos terroristas, sino resistentes a una
dictadura, y necesitamos que se condene políticamente al sistema". Y
aborda otro tema delicado, con precaución: "Los encarcelamientos, las
muertes de tantas personas, simplemente por defender las libertades
ordinarias, ¿esto no merece que la sociedad se interese por los
supervivientes y por las familias de los que han muerto?".

Octavio Alberola lo enfoca claramente por el lado político. "La
vicepresidenta del Gobierno [María Teresa Fernández de la Vega], en tanto
que presidenta de la Comisión de la Memoria, debe saber que el grupo pro
revisión del proceso a Granado y Delgado y los familiares de los
compañeros ejecutados respaldan al objetivo de esa comisión, que es el de
presentar un proyecto de ley para anular las sentencias de la dictadura
franquista". ¿Y si esa iniciativa no llegara a término? "Seguiríamos
intentando la revisión judicial y transformarla en un proceso público de
los crímenes franquistas", dice. Un proceso en el que imagina que se
pediría la presencia de responsables de la época franquista, y cita el
nombre de Manuel Fraga; lo mismo que de personalidades que sufrieron la
represión franquista. Y al preguntarle en quién está pensando, menciona a
Jordi Pujol.
De http://www.cnt.es/noticia.php?id=1410

Fuente: Dominical de El País (19-9-2004)

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