EL ECO DE LOS PASOS sostiene el apoyo crítico a la Revolución Venezolana desde el punto de vista del Comunismo Anarquista.- Colaboraciones a: cntfai@cantv.net
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El régimen presidido por Juan Manuel Santos, que hace un año parecía casi inexpugnable, la maquinaria de consenso más impresionante que había vivido Colombia desde la instauración del Frente Nacional en 1958, está acosado por las múltiples crisis del sistema de salud y educativo, por fuertes diferencias en su seno que han resquebrajado la Unidad Nacional, por el descrédito generalizado de las instituciones y una falta de credibilidad ante una población frustrada a la cual se le prometió mucho, sin que ninguna de las propuestas demagógicas hayan sido hasta ahora implementadas de modo sustancial. Ni en el campo de la restitución de tierras, ni en el campo de las víctimas, ni en el campo de la paz, ni mucho menos en el campo de la “prosperidad” el gobierno ha cumplido en lo más mínimo. El Cauca es una pieza clave dentro de la actual coyuntura, pero no solamente por la trascendencia de las movilizaciones recientes, sino porque plantea al movimiento popular el desafío de articular, desde abajo y en la lucha, de forma respetuosa y solidaria, una gran convergencia que articule la solución política del conflicto con las múltiples formas de resistencia que deben desarrollarse en contra del actual modelo de saqueo, guerra y despojo.
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“No puede observarse la lucha de clases a través de los vitrales de una catedral, ni a través de las leyes de los capitalistas”Sin lugar a dudas que la afirmación de Marx de que “Todo lo sólido se desvanece en el aire” cae como anillo al dedo al régimen presidido por Juan Manuel Santos, que hace un año parecía casi inexpugnable, la maquinaria de consenso más impresionante que había vivido Colombia desde la instauración del Frente Nacional en 1958. Hoy, el santismo está acosado por las múltiples crisis del sistema de salud y educativo, por fuertes diferencias en su seno que han resquebrajado la Unidad Nacional, por el descrédito generalizado de las instituciones y una falta de credibilidad ante una población frustrada a la cual se le prometió mucho, sin que ninguna de las propuestas demagógicas hayan sido hasta ahora implementadas de modo sustancial. Ni en el campo de la restitución de tierras, ni en el campo de las víctimas, ni en el campo de la paz, ni mucho menos en el campo de la “prosperidad” el gobierno ha cumplido en lo más mínimo. El régimen ha comenzado a enfrentar un desgaste generalizado, a la par que el ciclo de luchas populares abierto a finales del 2008, ha seguido acumulando fuerzas: dos victorias para el campo popular, como son la derrota de la reforma al sistema educativo a fines del año pasado, y la derrota a la reforma a la justicia por una ola de indignación ciudadana hace apenas unas semanas, son prueba de ello. A su vez, el fracaso de la Marcha Guerrerista de Diciembre del 2011, con la cual se pretendía alinear el consenso de la población en torno al escalamiento del conflicto, son prueba del creciente agotamiento de la Unidad Nacional como fórmula de gobierno. La actual agitación en el Cauca plantea otro escenario importante de la crisis que enfrenta el régimen santista.
(William “Big Bill” Haywood, 1910)
“Chen Gen Kat Pat, Men Se Yon Sel Wout Li Fe”
(El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección. Proverbio haitiano)
“No fue el típico hostigamiento de dos o tres milicianos de civil que disparan un tiro o lanzan una pipeta y se camuflan en una casa. Fue un ataque protagonizado por grupos de guerrilleros uniformados que la fuerza pública no pudo repeler por tres días, ‘con 15 puntos de fuego’ contra el pueblo desde los cerros cercanos, según lo describió un oficial. Al menos uno de esos grupos, según los pobladores del lugar y varios militares que lo combatieron, tenía 30 integrantes.”[6]El 11 de Julio, Santos llegó a Toribío para realizar un consejo de Ministros en el cual anunció que no se desmilitarizaría ni un solo centímetro del Cauca[7], afirmando además que el Estado tenía el control del Departamento. Como telón de fondo, se escuchaban ráfagas de la insurgencia y caía derribado un avión Súper Tucano en el Plateado, en Jambaló. Si bien el gobierno desmiente que haya sido derribado por la insurgencia, las FARC-EP no solamente afirman haberlo derribado sino que revelaron videos de pruebas de misiles tierra-aire artesanales, de elaboración autóctona, realizados en el Municipio de Suárez, Cauca, a finales del pasado año[8]. No es necesario insistir en la importancia que la elaboración de estos misiles tendría para el destino militar de la guerra en Colombia, dado que la estrategia militar del Estado se ha sustentado, desde los inicios del Plan Colombia, en la superioridad militar otorgada por el poderío de fuego aéreo[9].
“1. Insuficiencias del Derecho Internacional Humanitario para interpretar y regular modalidades de conflictos internos como el que se da en Colombia: (…) El DIH no tuvo en cuenta, pues, la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas (…) modelo de guerra (…) diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población (…) surge y es diseñada para enfrentar una estructura estatal, detentora de medios de medios muy poderosos de guerra (como aviones y tanques de guerra, ejércitos bien financiados y armados gracias al presupuesto del Estado) sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. (…) Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.No creo necesario ahondar más en el tema después de esta larga cita. Pero me parece importante señalar que la importancia de estas reflexiones no puede ser subestimada en momentos en que tanto desde el movimiento indígena, así como desde la insurgencia y el gobierno, han surgido ideas sobre el establecimiento de mesas regionales para regular temas como derechos humanos o aplicación del derecho internacional humanitario.
Muchos Estados, y entre ellos el colombiano, han tomado pie en esta característica de la Guerra de Guerrillas (…) para justificar su agresión sistemática contra la población civil, o para camuflar a los combatientes del Estado bajo fachadas de ejércitos irregulares o paramilitares que se presentan como ‘no estatales’. Pero mal podría justificar un Estado el asumir métodos característicos de fuerzas guerrilleras, métodos cuya única justificación descansaría precisamente en la imposibilidad de acceder a los recursos que tiene el Estado.
(…) La Guerra de Guerrillas (…) no se dirige fundamentalmente a la destrucción de un ‘ejército enemigo’ o de una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de sociedad. Por eso la ‘ventaja sobre el enemigo’, en este tipo de guerra, está ligada al boicot o sabotaje de infraestructuras que son vitales para el mantenimiento de dicho modelo de sociedad. (…) Algo similar se podría decir de los esquemas de financiación de la Guerra de Guerrillas, que en la racionalidad de ésta no debe fundarse en aportes de los sectores pobres de la población, sino en aportes forzados de los sectores ricos, que no los aportarían libremente sino mediante medidas extorsivas.
(…) Este problema está planteando la necesidad de (…) construir un Derecho Humanitario que salvaguarde la dignidad humana ‘en los márgenes’ de esa racionalidad de la Guerra de Guerrillas, como lo hizo el DIH a mediados del siglo XX frente a la racionalidad propia de las guerras regulares internacionales (…)
2. Elementos de discernimiento ético frente a la legitimidad de la guerra: (…) El haber acompañado durante décadas a las víctimas de la represión en Colombia y a sus dolientes, nos da un marco sólido para afirmar que el blanco de la represión oficial ha sido la población civil que de una u otra manera hace opciones ideológicas o políticas por luchar a favor de condiciones más justas de vida para las mayorías, con medios no violentos (…) Esta experiencia trágica (…) nos inhibe para deslegitimar el marco motivacional general de la insurgencia.
3. Discernimiento ético de la ‘Neutralidad’: Desde hace varios años, las organizaciones no gubernamentales responsables de este Proyecto, nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ‘posiciones neutrales’, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de ‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a ‘equiparar’ las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (…) nos llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles.
4. Una opción por escapar del cerco anti-ético de las ‘Simetrías’: El afán de neutralidad se ha expresado en Colombia, en los últimos años, como una política de simetrías. Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para que los análisis académicos, las denuncias, las estrategias informativas y las acciones humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se tiene derecho a denunciar los crímenes de una de las partes en conflicto, a condición de denunciar simétricamente los de la parte contraria.
Esta presión ha llevado a acuñar expresiones simétricas que envuelven en calificaciones equivalentes a los diversos actores del conflicto: ‘grupos al margen de la ley’, ‘actores violentos’, ‘grupos armados’, ‘fuerzas oscuras’, ‘los guerreros’, términos todos que fuerzan la simetría mediante la omisión de identidades y móviles. Para no pocos periodistas, comunicadores sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos, asumir la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida (…)
Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías.
(…) La política de simetrías se erige como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego; desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde responsabilidades profundas frente al futuro.
(…) La política de simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que ‘todos los actores son igualmente perversos’ y de que lo mejor es marginarse, descomprometerse en toda medida, y entrar a gozar del ‘paraíso ético’ del que condena a todo el mundo menos a sí mismo (…)”[48]
“la llave para solucionar el conflicto pasa por la capacidad que tenga el pueblo colombiano de construir un espacio de convergencia amplio y participativo, teniendo por punto de partida su propia tradición e historia de luchas. Este espacio es el que debe articular la solución política al conflicto, como expresión amplia, nacional, del movimiento popular (no de ese sofisma llamado “sociedad civil”), mediante la construcción de un proyecto alternativo, colectivo, y a la luz de los enormes desafíos y obstáculos, revolucionario, que permita la superación del conflicto.”[50]Esto lo entiende la propia insurgencia fariana, que en su último comunicado plantean “Resulta urgente por tanto recurrir a la unificación de fuerzas con todos los sectores indignados, conformar un inatajable torrente popular que se lleve por delante la indecencia (…) Con el movimiento obrero, campesino, indígena, de negritudes, de mujeres, de desempleados, de pequeños y medianos mineros, de estudiantes, de profesionales empobrecidos, pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y trabajadores independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o de clara definición democrática. Con los liberales y conservadores aterrados con tanta podredumbre, hasta con los policías y militares retirados y olvidados por el régimen que los usó, con los creyentes, los cristianos, los ateos, los jóvenes, los ancianos y todas las minorías discriminadas. Concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios.”[51] Lógicamente resulta más fácil declararlo que hacerlo. Y ahí es donde todos los sectores del movimiento popular, sin excepción, deben entrar a un genuino ejercicio de autocrítica antes de ver la paja en el ojo ajeno.
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