| 25-10-2013 |
La ley de semillas o “ley Monsanto” ha sido cuestionada por diversos colectivos sociales antes de ser tratada en la Asamblea Nacional. El diputado Alfredo Ureña, promotor de la normativa, afirmó que "La ley de Semilla determinará la nueva institucionalidad, calificación de obtentores, fiscalización y certificación de semilla, así como la posibilidad de tener un nuevo segmento de semilla artesanal fiscalizada por el estado venezolano, además de la semilla certificada que se ha venido manejando por años en nuestro país".
De igual forma este proyecto de ley debe garantizar el reconocimiento y la protección a la creación, la autoría y propiedad intelectual de los obtentores de semilla donde haya un respeto a las normas ambientales conforme a la CRBV y las leyes."
El Diputado por la Asamblea Nacional y coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, José Alfredo Ureña (Guárico), justificó en todas sus alocuciones la enmienda en la Ley de Semillas N° 37.552 que favorecería la introducción de organismos transgénicos en la República Bolivariana de Venezuela. (Ver VIDEO )
El diputado “chavista” esperaba definir algunos puntos con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Tierras, liderado por Yván Gil, quien afirmo que el anteproyecto de Ley de Semillas garantizará la participación del campesino y del productor agrícola en los planes de producción de alimentos, aclarando que su ministerio tiene una posición firme de apoyo a esa ley contra el uso de transgénicos, "tenemos una legislación bien precisa y estructurada en ese tema por sus múltiples implicaciones en la salud humana, ambiental y comercial", dijo Gil.
Sostuvo que además que la Ley de Semillas permitirá promover aún más la "utilización de nuestras semillas y productos autóctonos", recalcando que el Gobierno venezolano garantiza el acceso de la población a la alimentación y que su entidad tiene un rol fundamental en ese empeño.
En sentido contrario, varias voces alertaron sobre la modificación de esta ley: Ana Felicien, bióloga y vocera del colectivo “Venezuela Libre de Transgénicos”, explicó a través de una nota de prensa, que el proyecto faculta al Instituto Nacional de Semillas para otorgar certificados de inocuidad biológica entre otras disposiciones que favorecen a las grandes corporaciones de agroinsumos (léase Monsanto). Felicien destacó que proyecto de Ley de Semillas , sería presentado en primera discusión este próximo 22 de octubre, teniendo como peligrosas implicancias, las siguientes:
Reconocen los derechos de propiedad intelectual sobre la semilla: (artículos 5 y 6) Este proyecto reconoce como valor al derecho de propiedad intelectual, base fundamental para la privatización de la semilla.
Reconoce los derechos de obtentor: que están controlados por la Unión de Protección de Obtentores Vegetales (UPOV) que permite los derechos de exclusividad y cobro de regalías sobre las semillas para investigadores y empresas. Es una forma de privatización de la naturaleza que atenta contra la soberanía alimentaria.
Establecen fuertes regímenes de inspección, fiscalización y supervisión para la semilla campesina y establece multas (artículos: 56,60, 74 y 75) a un conjunto de prácticas entre las cuales pueden encontrarse las prácticas tradicionales de intercambio de semillas. La fiscalización, inspección y multas que establece el proyecto de ley de semillas a la semilla campesina criminalizan prácticas tradicionales de intercambio de semillas, que son la base de la soberanía alimentaria.
Permite la legalización de semillas genéticamente modificadas (transgénicos) a través de certificados de inocuidad biológica que puede otorgar el Instituto Nacional de Semillas según establece el artículo 34. A pesar de que en su artículo 3 dice que se prohíben las semillas transgénicas, deja abierta la puerta cuando dice que el Instituto Nacional de Semillas puede otorgar Certificados De Inocuidad Biológica para organismos genéticamente modificados, es decir transgénicos. En ningún documento legal se habla de transgénicos, en términos legales se usa el término organismos o semillas genéticamente modificados, esta confusión genera un vació legal favorable para la legalización de las semillas transgénicas
No define formas claras de participación popular ni controlaría social.
Sólo se reconoce al Instituto Nacional de Semillas como ente rector,pero no se menciona nunca a las comunas ni el Poder Popular con claridad y cual es su participación en todos los ámbitos que aborda la ley.
Asimismo, la organizacional internacional especializada GRAIN, publicó recientemente un informe advirtiendo de las operaciones de Monsanto en varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela.
Según la organización GRAIN, ya en 2007 hubo un intento de Monsanto ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que había decidido iniciar una evaluación de la viabilidad de la aplicación de esos mecanismos, conjuntamente con especialistas en el área biotecnológica y agrícola, siendo el entonces presidente de la Subcomisión de Industria y Comercio, Jhonny Milano (PSUV), tras escuchar la exposición del representante de Monsanto.
De acuerdo a lo publicado por GRAIN, de las conclusiones de dicho debate puede o no generarse una reforma parcial de la Ley de Semillas, Material para la Reproducción Animal e Insumos (aprobada en octubre de 2002, Gaceta Oficial 37.552), cuyo contenido deja algunos vacíos en este sentido. Esto significa claramente que Monsanto ha logrado por esta vía abrir una puerta para modificar la legislación vigente y lograr así la autorización para cultivar transgénicos en Venezuela, cosa hasta ahora prohibida, afirmó GRAIN.
Ureña logró reunirse el 28 de febrero pasado[i] con representantes de la Gobernación del Estado Aragua, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Defensoría del Pueblo, con el fin de avanzar en la redacción de un primer papel trabajo para la construcción de un anteproyecto de ley de semillas.
Los especialistas señalan que la estrategia de Monsanto repite su esquema histórico que, lamentablemente, ya le ha dado buenos resultados prácticos:
• Buscar aliados dentro de los gobiernos, con organizaciones de agricultores o empresas semilleras para doblegar las resistencias de otros sectores e imponer normas que viabilicen sus pretensiones.
• Fomentar la contaminación con transgénicos imponiéndolos a través de los hechos consumados.
• Asegurarse la ausencia de debate público y democrático, dejando a sus serviles contrapartes dar la voz pública sobre los acuerdos y propuestas encaminadas.
• Presionar a través de la vía jurídica o de contratos privados para mantener el control y sus ganancias por medio del cobro de regalías.
El diputado Ureña con el apoyo del Ministro de Agricultura y Tierras, Ivan Gil, había afirmado en la reunión del 27 de febrero en la AN que la modificación de esta "Ley de Semillas, Materiales para la Reproducción de Animales e Insumos Biológicos" forma parte de la Agenda Legislativa 2013, y nace ante "la necesidad de impulsar un nuevo marco legal que regule -en el ámbito nacional- lo relacionado con la obtención, investigación, producción y comercialización de las semillas; así como para avanzar en la concreción del primer objetivo histórico del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019".
Colectivos campesinos e indígenas venezolanos reclamaron al gobierno bolivariano sobre las amenazas de esta Ley y el inconveniente de sus avance: http://youtu.be/OP4l5x6tcTU
La ley Monsanto encierra un peligro tan importante como la introducción de semillas y plantas transgénicas en territorio venezolano, que es la presencia de ejércitos mercenarios privados o contratistas que trabajan para Monsanto (Blackwater-Amesty) y que acuerdo a informes filtrados por agencias de seguridad latinoamericanas se encuentran actualmente realizando tareas de inteligencia, espionaje electrónico, sabotajes y asesinatos selectivos a funcionarios del gobierno, líderes campesinos e indígenas en territorio nacional financiados por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad junto a la propia Monsanto quien tiene presencia en alrededor de 60 países del Mundo en los que despliega sus estrategias de guerra económica, alimentaria psicológica-mediática y para-militar contra ministerios de gobiernos, parlamentos, poderes judiciales, fuerzas armadas, movimientos sociales y campesinos y amedrentar a la población consumidora afectando su subjetividad para generar zozobra masiva en los ciudadanos a quienes se manipula mediante agitando miedos relacionados con la falta de alimentos y la justificada introducción de producción transgénica para reducir la importación de estos productos comestibles para el mantenimiento de la vida.
El investigador y experto Roni Lamadrid nos advirtió a tiempo de los peligros de la Ley de Semillas: “encierra peligros y, de aprobarse, se estará abriendo la puerta a Monsanto y sus ejércitos privados encubiertos como científicos y técnicos en cooperación agroalimentaria como ocurriera también en otros países: se sabe queMonsanto compró al ejército privado estadounidense ex Blackwater, hoy Amesty (aunque fuera desmentido por Monsanto) y que opera antes, durante y después de la invasión a un determinado país”, afirmó Lamadrid en artículo Monsanto penetra Asamblea Nacional de Venezuela.
El Comandante Hugo Chávez siempre estuvo claro en la decisiones relacionadas a la introducción de variedades de cultivos ingresados de la mano del monopolio alimenticio más grande y peligroso del Mundo.
El Presidente declaró en una reunión internacional a principios de mayo de 2004 "que prohibirá el cultivo de semillas modificadas genéticamente en su país". Esto podría significar la cancelación de un contrato con la empresa estadounidense Monsanto para plantar 200.000 hectáreas de soja modificada genéticamente en Venezuela. Al descubrir que se trataba de ese tipo de semillas, Chávez anunció: “Ordené ponerle fin al proyecto”[ii].
[i]http://www.asambleanacional.
[ii] http://old.redtercermundo.org.
Artículo relacionado: ¿Estados Unidos se dispone a invadir Venezuela con ejércitos privados de MONSANTO?
