Jueves, 1 de agosto de 2013
Desde Copiapó
Antes de morir, uno de los militares que participaron en diversas violaciones a los derechos humanos –en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet– confesó lo que muchos otros han querido mantener en reserva: el lugar exacto donde estaban sumergidos algunos rieles usados para hacer desaparecer cuerpos de víctimas lanzadas al mar, evitando con ello que salieran a flote.
Hace unos días, los trozos de metal fueron hallados cerca de la costa de Caldera, un pequeño puerto en el norte de Chile (a 870 kilómetros de Santiago) y subidos más tarde a la superficie. La información fue revelada ayer a EFE por fuentes judiciales. Según el testimonio recogido, que coincide con confesiones similares en distintas causas judiciales, los pedazos de vía de ferrocarril eran usados para hundir los cadáveres que los represores tiraban al mar en bolsas atadas con alambre.
La identidad del militar se mantiene en secreto y los rieles, según dijeron las fuentes, se encuentran en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en Santiago, donde serán analizados para determinar si mantienen adheridos algunos elementos. Por ahora se mantiene la búsqueda en el área del hallazgo con la idea de encontrar otro tipo de restos similares.
La diligencia se enmarca en el marco del juicio denominado Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, y que hace referencia a una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió Chile dejando a su paso cerca de un centenar de presos políticos ejecutados en distintas ciudades.
Según trascendió, el hallazgo se mantiene bajo secreto, lo que ha disgustado a organismos y abogados de derechos humanos, que lo consideran importante, además en la víspera de los 40 años del golpe de Estado de Pinochet.
En ese marco, expertos consultados por la agencia dijeron que resulta imposible intentar siquiera aproximarse a la identidad de quienes fueron lanzados al mar atados a esos rieles, a menos que el militar fallecido haya confesado nombres.
Así las cosas, dos casos podrían tener alguna vinculación. El primero se refiere a 26 cadáveres desenterrados en 1976 en el desierto de Atacama, correspondientes a prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama. Esos cadáveres fueron arrojados al mar desde un avión de la Fuerza Aérea, según admitió judicialmente el mecánico de esa institución, Sergio López Maldonado, quien lanzó los cuerpos, pero no señaló en qué parte de la costa del norte.
El segundo episodio se relaciona con tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre de 1973 en la ciudad de Copiapó, a 75 kilómetros al sureste de Caldera, también a manos de la Caravana de la Muerte.
Las víctimas fueron el gerente general de la Compañía de Cobre Salvador, Ricardo García Posadas, y los dirigentes sindicales de esa empresa Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia, cuyos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Copiapó, pero rápidamente desaparecieron del lugar.
El de Caldera es el segundo hallazgo de rieles usados para lanzar cuerpos de prisioneros al mar desde 1973. El primero ocurrió en septiembre de 2004 frente a Quintero, a 44 kilómetros al norte de Valparaíso. Esa vez, cuatro piezas metálicas fueron halladas por detectives de la PDI, bajo la supervisión del juez especial Juan Guzmán Tapia. Las piezas pasaron después a formar parte de un museo recordatorio en el ex campo de prisioneros de Villa Grimaldi, en Santiago. Algunas de ellas mantenían aún botones adheridos.
Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros. Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno.
Hasta ahora, el único cuerpo que emergió desde el fondo del océano fue el de Marta Ugarte, una profesora comunista, cuyo cadáver apareció en una playa de la región de Coquimbo el 12 de septiembre de 1976.
Según el expediente del caso, uno de los alambres que unían el riel a su cuerpo fue utilizado por el agente de la DINA, Emilio Troncoso Vivallos, para estrangularla, pues tras la inyección letal que le fue administrada antes de subirla al helicóptero, ella permanecía aún con vida. Así, una vez en el agua, el riel se soltó y su cadáver emergió.-
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